La oposición sospecha que el Gobierno busca eliminar el etiquetado frontal para impulsar el consumo
La decisión del Gobierno nacional de impulsar la derogación de la ley de etiquetado frontal de alimentos abrió una nueva polémica en el Congreso y generó fuertes cuestionamientos de sectores opositores, que consideran que la iniciativa apunta principalmente a mejorar las ventas de productos de consumo masivo en medio de la desaceleración económica.
El proyecto ya ingresó al Senado y espera ser girado a comisión para comenzar su tratamiento. Aunque por el momento no figura entre las prioridades legislativas más urgentes, distintos bloques comenzaron a expresar reparos sobre la intención del Ejecutivo de eliminar completamente el sistema de octógonos negros en los envases.
Desde sectores del kirchnerismo interpretaron que la propuesta oficial responde a un intento de aliviar el impacto negativo que las advertencias generan sobre determinados productos alimenticios. Legisladores opositores sostienen que el Gobierno apuesta a “hacer más presentables” los productos para intentar estimular el consumo en un contexto de caída de ventas.
En otros espacios dialoguistas también aparecieron cuestionamientos. Algunos senadores advirtieron contradicciones entre esta iniciativa y otras medidas económicas recientes impulsadas por la administración libertaria, particularmente aquellas vinculadas a tarifas y servicios públicos, que impactan directamente en el bolsillo de los consumidores.
La ley de etiquetado frontal fue sancionada durante la gestión anterior y obliga a incluir advertencias visibles en alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías. Desde su implementación, los octógonos negros se volvieron habituales en góndolas y supermercados de todo el país.
El proyecto de derogación lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones. En los fundamentos, el Gobierno sostiene que la normativa vigente genera distorsiones y equipara alimentos con perfiles nutricionales muy diferentes.
La Casa Rosada también argumenta que la ley provoca fuertes costos regulatorios para pequeñas y medianas empresas, que deben afrontar gastos asociados al rediseño de envases, adecuación de líneas de producción y cumplimiento técnico de las disposiciones vigentes.
Según el Ejecutivo, esas exigencias terminan favoreciendo a grandes compañías con mayor capacidad financiera y generan dificultades para pymes alimenticias. En ese sentido, el Gobierno asegura que busca avanzar hacia un sistema “más flexible y técnicamente consistente”.
Sin embargo, dentro del Senado prevalece por ahora una postura cautelosa. Legisladores aliados admiten que existen aspectos de la ley que podrían modificarse, aunque consideran excesiva la posibilidad de derogarla por completo. Además, varios sectores esperan estudios técnicos y evidencia científica que respalden la propuesta oficial antes de definir una posición.
Fuente: Infobae