“Las pymes enfrentan un cóctel explosivo, y suspender los embargos no alcanza”

El economista Juan Pablo López López advirtió, en diálogo con Nuevo Diario, que la crisis del sector productivo no es solamente financiera, sino también económica. Caída del consumo, rentabilidad en retroceso, créditos inaccesibles, presión tributaria y paralización de la obra pública configuran un escenario crítico para las empresas del interior. Cuestionó la velocidad de las ejecuciones fiscales y consideró insuficiente el alivio solicitado por la UIA.

La decisión de la Unión Industrial Argentina (UIA) de solicitar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la suspensión por 180 días de los embargos y las ejecuciones fiscales contra pequeñas y medianas empresas volvió a poner en primer plano una crisis que se extiende por buena parte de la economía real.

El reclamo industrial se conoció después de que se viralizara el caso de una pyme metalúrgica del conurbano bonaerense, con 18 trabajadores, que quedó al borde del embargo de sus cuentas por no haber podido pagar íntegramente el IVA. Uno de sus principales clientes se había atrasado 45 días en cancelar una factura y, apenas una semana después del vencimiento tributario, ARCA inició la ejecución fiscal.

Para el economista Juan Pablo López López, el episodio no constituye un hecho aislado, sino una consecuencia directa del deterioro que atraviesan las empresas vinculadas con la industria, el comercio, la gastronomía, la hotelería y las economías regionales. “Lamentablemente, lo que está pasando con los embargos judiciales por parte de ARCA no deja de ser una consecuencia de la economía real que estamos viviendo”, sostuvo en diálogo con Nuevo Diario.

El especialista señaló que, desde hace tiempo, tanto los consejos profesionales como las entidades representativas de las pymes vienen reclamando mecanismos de regularización acordes con la magnitud del problema. “El plan de pagos no termina siendo una solución para una cuestión mucho más profunda. Este problema no es solamente financiero, sino fundamentalmente económico”, explicó.

Empresas que no alcanzan el punto de equilibrio

López López remarcó que una dificultad financiera puede presentarse cuando una empresa rentable atraviesa una falta transitoria de liquidez. Pero el escenario actual es más grave: numerosas firmas no consiguen generar ingresos suficientes para afrontar sus costos fijos y variables. “Las empresas desde hace bastante tiempo están teniendo resultados paupérrimos en sus balances. Tampoco las personas físicas están logrando llegar cómodamente al punto de equilibrio”, aseguró. El impacto se concentra especialmente en las actividades que dependen del mercado interno: pequeños comercios, establecimientos gastronómicos, hoteles, industrias y emprendimientos de las economías regionales. “Todos aquellos sectores relacionados con la industria y el consumo están en una situación acuciante”, señaló López López. La gravedad del cuadro, agregó, reside en que las pequeñas y medianas empresas sostienen la mayor parte del empleo privado del país.

La advertencia coincide con el último diagnóstico de la UIA. Según la entidad fabril, la producción manufacturera acumuló una caída interanual del 2% en lo que va de 2026 y se encuentra un 10% por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023. El deterioro es más profundo en los bienes durables y semidurables, cuya producción se contrajo un 21,2%; en la industria automotriz, con una baja del 18%; y en el sector de indumentaria y calzado, que retrocedió un 14,1%.

El círculo vicioso entre salarios y consumos

La crisis de las empresas se traslada directamente a los ingresos de los trabajadores. López López explicó que la pérdida de rentabilidad impide que muchas firmas puedan otorgar aumentos salariales suficientes para acompañar la evolución de los precios. Aunque la inflación se haya desacelerado, sostuvo, los ingresos continúan perdiendo capacidad de compra. Esa situación profundiza la retracción del consumo y vuelve a golpear sobre la facturación de las empresas. “Los sueldos no llegan a cubrir el poder adquisitivo que demanda la inflación. Esto genera un círculo vicioso: cae el consumo porque los salarios no alcanzan y, al mismo tiempo, las empresas venden menos y tienen mayores dificultades para sostener esos salarios”, describió.

A esta dinámica se suma el sobreendeudamiento de las familias, que recurren cada vez con mayor frecuencia a tarjetas, préstamos personales y sistemas de financiamiento con tasas elevadas para comprar alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales.

El economista señaló que el deterioro ya se expresa en un aumento de concursos preventivos y pedidos de quiebra, no solamente de empresas, sino también de personas físicas. En este último grupo, afirmó, existe una presencia significativa de empleados públicos afectados por la pérdida de poder adquisitivo y la acumulación de deudas.

180 días son pocos

La UIA solicitó a ARCA que suspenda por seis meses los embargos y las ejecuciones fiscales, en respuesta a la “asfixia financiera” provocada por las altas tasas, la caída de la actividad y las restricciones para acceder al crédito.

Además, propuso reducir la tasa de financiación de los planes de pago, permitir la migración entre regímenes, automatizar la reducción de anticipos de Ganancias, diferir por 180 días el IVA para actividades estacionales y postergar contribuciones patronales en las economías regionales.

López López coincidió con la necesidad de detener las ejecuciones, pero afirmó que el plazo reclamado resulta insuficiente si no se modifican las condiciones que originaron la deuda. “Los 180 días me parecen exiguos para que las pequeñas y medianas empresas puedan hacer frente a sus obligaciones tributarias, financieras y económicas, si no se ataca la cuestión de fondo”, sostuvo.

El economista explicó que las pymes nacionales deben competir con productos importados en condiciones desiguales. Mientras las mercaderías extranjeras ganan espacio en el mercado interno, las firmas argentinas soportan una elevada carga tributaria, servicios costosos, problemas de infraestructura y rutas deterioradas. “La UIA está pidiendo que se pueda competir con los productos extranjeros que ingresan al país, pero en igualdad de condiciones. Eso significa bajar impuestos, contar con servicios acordes y tener las rutas en condiciones. Nada de eso se está viendo”, cuestionó.

Crédito caro y rentabilidad en caída

Otro de los principales obstáculos es el costo del financiamiento. López López advirtió que las tasas disponibles resultan incompatibles con la rentabilidad de la mayoría de las actividades productivas. “Necesitamos créditos acordes para las pequeñas y medianas empresas, con tasas subsidiadas. En cambio, estamos viendo tasas absolutamente irracionales”, afirmó.

Según explicó, las empresas no pueden asumir préstamos costosos cuando sus márgenes vienen disminuyendo de manera sostenida. De esa forma, quedan atrapadas entre la falta de capital de trabajo, la acumulación de obligaciones tributarias y la imposibilidad de acceder a una herramienta financiera que les permita sostener la producción. Para el economista, este escenario conforma “un cóctel complicado”, particularmente grave en el interior del país, donde las economías regionales enfrentan simultáneamente la retracción del consumo y la paralización de la obra pública nacional.

El impacto de la obra pública paralizada

López López destacó que la inversión pública no solamente genera infraestructura, sino que también moviliza el empleo, el comercio y los servicios en cada territorio. “La obra pública dinamiza la economía desde la base, a partir del poder adquisitivo de los trabajadores, y eso redunda en una mejor dinámica económica y financiera en las provincias”, explicó.

La interrupción de proyectos nacionales privó a numerosas localidades de uno de sus principales motores económicos. Frente a ese vacío, los gobiernos provinciales intentan asumir el mantenimiento de rutas y otras obras, aunque disponen de recursos limitados y deben sostener sus estructuras estatales.

El economista cuestionó que, frente a la caída de los ingresos, algunas administraciones respondan con una mayor presión tributaria sobre empresas y familias.

“Vemos una vorágine recaudatoria y, en muchos casos, impuestos y tasas con meros fines recaudatorios, sin que exista una actividad concreta del Estado como contraprestación”, expresó.

Familias y asalariados, los más castigados

En el último eslabón de la crisis aparecen los hogares. López López sostuvo que los sectores de menores ingresos terminan soportando proporcionalmente una presión mayor, porque destinan casi la totalidad de sus recursos al consumo y al pago de deudas. “Los patos de la boda terminan siendo las familias, los asalariados y las personas de escasos recursos. Son quienes destinan la mayor parte de su sueldo a comprar mercadería y a financiarse con tasas usurarias”, afirmó.

Mientras ARCA analiza las propuestas presentadas por la UIA y ambas partes prevén volver a reunirse, el reclamo empresario expone una urgencia que trasciende la administración de las deudas fiscales.

Para López López, frenar los embargos puede aportar un alivio inmediato, pero no resolverá una crisis caracterizada por la caída de las ventas, la pérdida de rentabilidad, el crédito inaccesible y el debilitamiento de las economías del interior. “Cada vez se vuelve una situación más acuciante”, concluyó.

El riesgo, advirtió, es que el Estado acelere el cobro de las deudas tributarias sin considerar que el bloqueo de una cuenta bancaria puede interrumpir la producción, impedir el pago de salarios y empujar al cierre definitivo a empresas que todavía intentan sostener el empleo.