Pidieron prisión perpetua para un expolicía federal acusado por un doble homicidio durante la dictadura
La Fiscalía solicitó prisión perpetua para el exinspector de la Delegación Salta de la Policía Federal Argentina (PFA) Juan Carlos Alzugaray, acusado por los homicidios de René Esteban Locascio Terán y Ramón Antonio Díaz Romero, ocurridos el 20 de abril de 1975 en la localidad de San Lorenzo.
Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal N°2 de Salta, el fiscal general Carlos Martín Amad y el fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila sostuvieron que el operativo en el que murieron las víctimas no fue un enfrentamiento armado. Por el contrario, remarcaron su carácter de ejecución planificada y luego presentada como un falso intercambio de disparos.
La fiscalía pidió que Alzugaray reciba su condena como coautor del delito de homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. El tribunal está integrado por la jueza Gabriela Catalano y los jueces Diego Matteucci y Abelardo Basbús.
Según la acusación, el procedimiento del 20 de abril de 1975 formó parte del aparato represivo estatal desplegado durante el terrorismo de Estado. El principal objetivo se basó en asesinar a Terán y Díaz Romero.
“Todo fue una operación mascarada para matarlos”, afirmó el fiscal Amad durante su exposición, al sostener que el supuesto enfrentamiento armado fue una construcción posterior para encubrir los asesinatos.
El representante del Ministerio Público Fiscal aseguró que las pruebas incorporadas al expediente indican que las víctimas no realizaron disparos ni tuvieron posibilidad de defenderse.
“Las víctimas no hicieron un solo disparo. Tampoco utilizaron la granada que llevaban consigo. Si realmente hubiera existido un enfrentamiento, lo esperable habría sido que intentaran defenderse, pero eso nunca ocurrió”, sostuvo.
La hipótesis de una ejecución planificada
Durante su alegato, la fiscalía reconstruyó que un grupo de efectivos de la Policía de Salta y de la Delegación Salta de la PFA irrumpió en la vivienda donde se encontraban las víctimas, luego de una investigación relacionada con un atentado ocurrido días antes en Jujuy contra un directivo de la empresa Ledesma.
Para Amad, el operativo no tuvo como finalidad detener a las personas buscadas, sino eliminarlas. En ese sentido, mencionó el testimonio de un testigo que relató una conversación ocurrida en la Jefatura de Policía, donde habría escuchado que el entonces jefe policial Joaquín Guil respondió “No los quiero vivos” cuando le informaron que tenían “acorraladas” a unas personas en San Lorenzo.
La fiscalía sostuvo que esa frase demostraría que el procedimiento ya estaba definido antes de la llegada de los efectivos a la vivienda y que se trató de una emboscada.
El caso se consideró un crimen de lesa humanidad e imprescriptible. Por estos mismos hechos, en 2015 el Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a los exjefes de la Policía provincial Miguel Raúl Gentil y Joaquín Guil.
“Los ejecutaron cuando dormían”
La acusación señaló que en el operativo participaron 13 efectivos policiales y que los agentes federales tuvieron un rol central. Según la reconstrucción fiscal, los policías ingresaron por la parte trasera del inmueble y dispararon contra las víctimas mientras dormían.
“Fueron ejecutados por la espalda, cuando dormían, de forma cobarde. ¿Quién dispara por la espalda? Solamente un cobarde”, expresó Amad durante el alegato.
El fiscal también cuestionó distintas irregularidades del procedimiento, entre ellas diferencias en los registros sobre los horarios de muerte, la falta de preservación de la escena del crimen, la ausencia de secuestro de vainas servidas y la falta de pericias que, según sostuvo, hubieran correspondido en un verdadero enfrentamiento armado.
Además, señaló que una de las víctimas presentaba heridas compatibles con perdigones. Sin embargo, nunca se encontró el arma que supuestamente habría causado esas lesiones.
Para la fiscalía, estos elementos refuerzan la hipótesis de un “enfrentamiento fraguado”. Esta modalidad, indicaron, se utilizó durante la represión ilegal para justificar ejecuciones.
Tras los alegatos de la acusación, el proceso continuará con la exposición de las defensas y posteriormente el tribunal deberá definir la sentencia.