Proyectan se convierta en ley la propiedad comunitaria indígena
La senadora por Salta Nora Giménez y la diputada Roxana Monzón, ambas de Unión por la Patria, presentaron un proyecto de ley conjunto destinado a instrumentar el derecho a la posesión y la Propiedad Comunitaria Indígena.
La iniciativa comprende a tierras y/o territorio que las Comunidades ancestralmente y tradicionalmente ocupan y sobre las que ostentan una posesión caracterizada por una relación cultural y espiritual.
La presentación se realizó en el Auditorio del Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación y contó con la presencia de las Organizaciones de Pueblos Indígenas del Noroeste Argentino (OPINOA) y la Red Intercultural de Equipos de Acompañamiento Indígena (RIEDAI), integrada por diversas Universidades Nacionales.
Durante el acto, Giménez señaló: “La ley 26160 es una ley emblemática que ha logrado resumir las expectativas, las esperanzas y un profundo sentido de justicia, que ha permitido encauzar la lucha de las comunidades de los pueblos originarios.
Hoy el grueso de los relevamientos está realizado y son el punto de partida para esta nueva etapa que hoy estamos inaugurando”, y aseguró: “Ahora sí, le vamos a decir a la ministra Bullrich y al que se nos ponga enfrente que la ley 26160 cumplió su ciclo, y ahora vamos a hacer realidad la entrega de la tierra comunitaria a todas aquellas comunidades que dieron su acuerdo al trabajo técnico realizado por el INAI.
Sabemos que hoy la relación de fuerzas no es favorable para este campo, pero hay una decisión de seguir esta lucha por las nuevas generaciones, tenemos un horizonte claro que es el reconocimiento de la tierra que les corresponde a los pueblos originarios”, concluyó.
La diputada Roxana Monzón describió la presentación como “un día de esperanza y un acto de justicia”, y resaltó que el camino que hay que transitar es “sinuoso, aunque a ninguno nos falta fuerza porque al final está el triunfo y la dignidad de nuestros pueblos”.
La diputada dijo en la presentación: “El territorio es un derecho fundamental porque permite el desarrollo de otros derechos en el marco de una sociedad plural. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles donde se pretenden instalar instrumentos antidemocráticos”.
A su vez hizo mención a las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich sobre la voluntad del gobierno de derogar la Ley 26.160 que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
Hacia un marco normativo
La iniciativa presentada busca establecer un marco normativo para garantizar el reconocimiento, protección e instrumentación efectiva de la Propiedad Comunitaria Indígena, asegurando los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente habitan y aquellas necesarias para su desarrollo humano, en conformidad con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT.
Este proyecto es el resultado de más de 14 años de trabajo y construcción colectiva, que surge desde la Comisión de Análisis e Instrumentación de la Propiedad Comunitaria Indígena (Decreto 700 PEN), como continuidad de la Ley de orden público 26.160.
El proyecto establece que “la Propiedad Comunitaria Indígena es indivisible, no es susceptible de gravámenes, es inembargable, inenajenable, inarrendable a terceros, intransmisible e imprescriptible”.