Requieren juicio para los 27 imputados por la financiera fraudulenta Ríos & Asociados
La financiera ilegal comenzó a operar en junio de 2021 en la ciudad de Metán, y, posteriormente, abrió una sede en la ciudad de Salta. Funcionaba de manera articulada con personal policial, conformando la figura de asociación ilícita.
Una prolongada investigación de la UDEC permitió desmantelar la modalidad defraudatoria utilizada, conocida como esquema Ponzi o estafa piramidal.
La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió la elevación a juicio ante el Juzgado de Garantías 3, del Distrito Judicial del Centro, para 27 imputados en la causa de la financiera ilegal “Ríos & Asociados S.A.”, entre ellos, 13 efectivos de la Policía de la provincia.
En los fundamentos de la acusación, la fiscal de la UDEC sostiene que se encuentra suficientemente acreditada, con el grado de convicción necesario, la existencia de los delitos imputados de estafas reiteradas y falsedad de instrumentos privados, en un total de 849 hechos, así como la responsabilidad penal de los imputados.
Físicamente, la financiera funcionaba en un local ubicado en Avenida Bicentenario N° 1330, local 27, de la ciudad de Salta, y cobró gran relevancia y notoriedad los primeros meses del año 2022, debido a la concurrencia masiva de personas durante todo el día, tornándose de público conocimiento que miembros de las fuerzas de seguridad (policial y penitenciaria) estaban efectuando importantes inversiones.
Para ello entregaban sus rodados o comprometían sus sueldos con préstamos personales para efectuar las inversiones, ante la promesa de obtención de una ganancia cuantiosa, cuyo período de inversión y margen de ganancia se presentaba como insuperable, comparado con las tasas oficiales.
Una estafa piramidal
La maniobra desplegada por los imputados configura una estafa piramidal, cuya metodología consiste en ofrecer altos retornos en corto plazo, utilizando parte del dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos, dando apariencia de que el negocio es rentable y quedarse con un gran volumen de dinero. Este sistema funciona de manera regular, cumpliendo con los pagos acordados, hasta que dejan de ingresar nuevas víctimas. En ese momento, el esquema colapsa, ya que nunca existió un verdadero mecanismo para generar beneficios, ni ganancias, lo que constituye lo que se conoce como una estafa bajo el Esquema Ponzi. Por lo general, estos esquemas requieren una inversión inicial y prometen rendimientos superiores al promedio ofrecido en la plaza financiera.
Conforme a lo investigado, la constitución de 849 contratos permitió a los acusados obtener un total de 513.318.730 de pesos y 510.131 dólares.
Efectuaron operaciones económicas de gran envergadura
La financiera “Ríos & Asociados S.A.”, a través de los imputados Cynthia Elizabeth del Valle Moya, Alejandra Macarena Párraga, Cristina Florencia Laguna, Ana Macarena Párraga, Efraín Omar Hernando, Gustavo David Hernando, Martín Ezequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Zulma Yanina Joana Correa, Eduardo Ramiro Chocobar, Elizabeth Antonella Leal, Lucas Matías Laguna, Alicia Martín y Leonardo Cristian Hernando, actuó en connivencia mediante una distribución de tareas, aparentando solvencia y capacidad económica para realizar operaciones financieras de gran envergadura. Los acusados ofrecían a las víctimas participar en inversiones que prometían importantes ganancias a corto plazo, asegurando que operaban en el mercado bursátil, en criptomonedas y en otros instrumentos financieros.
Para concretar la maniobra fraudulenta, los acusados suscribían un contrato de inversión por cada operación, aparentando su legitimidad mediante la firma de un supuesto presidente del ente societario. Este documento, utilizado como elemento de engaño, inducía a error a las víctimas, haciéndoles creer que recibirían los beneficios prometidos, lo que se enmarca en una maniobra estafatoria.
Esta estrategia les permitió captar a una importante cantidad de víctimas, quienes, confiando en la promesa de rentabilidad, realizaron importantes aportes en dinero y/o bienes, como vehículos y motocicletas.
Respecto del acusado Javier Maximiliano Juárez, se formula requisitoria de elevación a juicio por los delitos de estafa y falsedad de instrumento privado, en concurso ideal. Según la denuncia de un damnificado que conocía al imputado, Juárez le comentó sobre la financiera y lo acompañó a vender su vehículo para que entregara el dinero obtenido. Su vínculo con la financiera y con su principal miembro, Cynthia Moya, quedó acreditado mediante dieciocho contratos registrados a su nombre.
También se consideran autores penalmente responsables del delito de abuso de autoridad a Fabricio Nieva, Guillermo Alberto Nieva, Justino Manuel Reynaga, Edgardo Ariel Velazco y Humberto Alejandro Rodríguez, quienes, en su condición de funcionarios públicos, prestaron servicios de seguridad a la financiera Ríos y Asociados S.A., fuera del régimen establecido por la institución policial.