Salta marchó contra la reforma legislativa que busca recortar derechos de los más vulnerables
La escena se repitió en distintas provincias, pero en Salta tuvo una contundencia particular. Este miércoles, el sector de la discapacidad volvió a movilizarse con una consigna clara: rechazar el proyecto de ley impulsado a nivel nacional que, bajo el argumento de combatir el fraude, introduce cambios estructurales en el sistema de pensiones y prestaciones.
La concentración comenzó en el Monumento a Güemes y avanzó por diferentes avenidas hasta la Legislatura provincial. Participaron transportistas, centros terapéuticos, profesionales, familias y personas con discapacidad. La convocatoria, según coincidieron los organizadores, fue masiva y reflejó un malestar que ya no distingue actores dentro del sector. “Lo que antes eran reclamos básicos hoy se transformaron en temas de supervivencia”, planteó a Nuevo Diario, la licenciada María Victoria Val, presidenta de la Fundación Espacios, al explicar el sentido de la protesta.
El eje del conflicto: un proyecto que cambia las reglas
El foco del rechazo está puesto en el proyecto denominado “ley antifraude de pensiones no contributivas”, enviado por el Ejecutivo nacional al Congreso. Aunque su presentación gira en torno al control del sistema, desde el sector advierten que el impacto va mucho más allá de la fiscalización. Val explicó que la iniciativa no solo aborda pensiones, sino también el funcionamiento integral de las prestaciones, incluyendo la actividad de los prestadores. En ese marco, señaló que uno de los puntos más críticos es la modificación del esquema actual que garantiza cierta uniformidad en el acceso a los servicios. “La conclusión es que hoy no tenemos políticas públicas serias, consistentes y sistemáticas que ordenen el sector”, advirtió.
El riesgo de la desregulación y la fragmentación
Uno de los aspectos más cuestionados es la posible eliminación o desregulación del nomenclador nacional, el sistema que establece los valores que deben pagar las obras sociales por las prestaciones. Desde el sector advierten que su modificación abriría un escenario donde cada cobertura podría fijar sus propios aranceles, trasladando parte de los costos a los usuarios. El planteo no es abstracto. Según explicó a Nuevo Diario el referente de transportistas Ademar Anachuri, esto implicaría que una obra social pueda cubrir solo un porcentaje del servicio, dejando el resto a cargo de la persona con discapacidad o su familia. En la práctica, eso generaría una brecha directa en el acceso: quienes puedan pagar continuarán con sus tratamientos; quienes no, quedarán excluidos. “Ya no habría igualdad de oportunidades”, resumió.
Trabajar o cobrar: una elección forzada
Otro de los puntos que genera mayor preocupación es la incompatibilidad entre pensión y trabajo formal que plantea el proyecto. Según detallaron los manifestantes, la iniciativa obligaría a las personas con discapacidad a elegir entre mantener el beneficio o acceder a un empleo registrado. La consecuencia es evidente: se desalienta la inserción laboral y se profundiza la vulnerabilidad. El problema no es menor en un contexto donde el acceso al empleo formal ya es limitado para este colectivo. La medida, lejos de promover inclusión, podría reforzar barreras estructurales
Los transportistas también se manifestaron.
Prestadores al límite y deudas acumuladas
La crisis del sector no empieza con este proyecto, pero encuentra en él un punto de inflexión. Durante la movilización también se reclamó por la deuda que mantienen obras sociales y programas como Incluir Salud, con pagos atrasados que en algunos casos se remontan a fines del año pasado. Anachuri advirtió que esta situación hace “imposible sostener” la actividad para transportistas y prestadores, quienes dependen de esos ingresos para continuar brindando servicios. A esto se suma la posible eliminación de mecanismos de actualización por inflación, lo que implicaría una pérdida constante del valor de las prestaciones en un contexto económico crítico.
La movilización culminó frente a la Legislatura, donde los manifestantes fueron recibidos por diputados provinciales. Según indicaron, los legisladores plantearon la posibilidad de emitir una declaración de rechazo al proyecto y solicitar a los representantes nacionales de Salta que voten en contra.Sin embargo, desde el sector remarcaron que el objetivo es más contundente: impedir que la iniciativa avance en el Congreso.
Un cambio de enfoque alarmante
Más allá de los puntos técnicos, el trasfondo del conflicto es político y conceptual. El proyecto introduce un esquema basado en auditorías, controles y revisión permanente de beneficiarios, lo que para muchos actores implica un cambio en la lógica del sistema. El eje deja de estar en la garantía de derechos y se desplaza hacia la sospecha y la fiscalización. En ese marco, advierten, las personas con discapacidad pasan a ser evaluadas bajo criterios más restrictivos, con riesgo de exclusión.
La masividad de la marcha en Salta y su réplica en distintos puntos del país no pasó desapercibida. Para quienes participaron, el dato central es que el conflicto dejó de ser sectorial para convertirse en un problema social más amplio. El mensaje que bajó de la calle fue directo: no se trata de un ajuste técnico ni de una discusión administrativa. Lo que está en juego es el acceso a derechos básicos y la continuidad de un sistema que, con todas sus falencias, sostiene a miles de personas.