Sigue el reclamo por el desastre ambiental en Orán: “Nuestro norte no es zona de descarte”

La grave pérdida de un pozo petrolero en Pichanal continúa generando debates y análisis desde todos los sectores, alcanzando todas las pantallas y repercusiones.

Durante la última sesión de la Cámara de Diputados de Salta, la legisladora provincial Patricia Hucena alzó una denuncia enérgica y sin eufemismos: un presunto “crimen ambiental en tiempo real” se está desarrollando en el pozo petrolero Lomas de Olmedo, en Pichanal, departamento Orán. Su intervención volvió a sacudir a la Legislatura salteña (atento el pedido urgente de intervención, la semana pasada por parte del senador Juan Curá) con una consigna que se transformó en bandera: “Nuestro norte no es zona de descarte”.

Ubicado en el norte salteño, el pozo Lomas de Olmedo 10 es una instalación de hidrocarburos operada por la firma President Petroleum. Se encuentra en una zona productiva y habitada del departamento Orán. Según denuncias, desde hace al menos dos años se registran emanaciones de gases y filtraciones contaminantes, sin que se hayan activado protocolos adecuados de cierre, remediación ni control ambiental efectivo.

La diputada señaló como principal responsable a la empresa President Petroleum, a la que acusó de emitir gases tóxicos, verter líquidos contaminantes y residuos peligrosos en una zona habitada, rica en biodiversidad y con valor productivo. El escenario descripto por Hucena incluye vegetación afectada, animales muertos y una comunidad expuesta a contaminación de aire, suelo y agua.

“La empresa responsable, la President Petroleum, tiene que dar la cara. No puede seguir eludiendo su responsabilidad”, sentenció la legisladora.

Además de apuntar contra la operadora, Hucena cargó con firmeza contra la inacción de los organismos estatales, en particular la Secretaría de Minería. “¿Qué esperan para rescindir a esa empresa?”, cuestionó. Su intervención reflejó la indignación acumulada por lo que consideró una falta de respuestas efectivas, advirtiendo que no se trata de un episodio aislado: “No es la primera vez que alertamos sobre esta situación, pero ahora la urgencia es total”.

El foco en el vacío de información

Consultado por Nuevo Diario, el doctor en Biología Enrique Derlindati, docente e investigador de la Universidad Nacional de Salta y referente en ambiente, brindó una lectura crítica y técnica que profundiza el análisis. Para Derlindati, el problema más estructural detrás del desastre ambiental es la ausencia total de información confiable y transparente sobre lo que está ocurriendo.

“No se sabe exactamente qué es lo que se está derramando, cuál es la composición de los gases que están emanando, cuántos animales murieron, ni por qué. Hay muchas especulaciones, pero ningún dato concreto”, advirtió.

Este vacío de información, aseguró, impide cualquier acción seria de remediación, mitigación o compensación. Derlindati señala que no se trata solo de una responsabilidad empresarial, sino de una falla del Estado en su rol de control y fiscalización. “La inacción gubernamental es el principal problema. Y esto lleva ocurriendo desde hace al menos dos años”, expresó.

A su vez, cuestionó la creación de una comisión sin funciones claras y calificó como medida “a medias” la restricción de acceso a 200 metros del pozo. “Eso no resuelve nada, solo evita conflictos y deslinda responsabilidades. Pero no hay soluciones”, puntualizó.

¿Qué se sabe hasta ahora?

Frente a la creciente presión pública y mediática, el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable informó el pasado 11 de junio que se están ejecutando acciones dispuestas por el Comité de Crisis. Entre ellas, se destacan:

La instalación de una casilla policial con personal del Ministerio de Seguridad para reforzar la vigilancia.

Mediciones de dióxido de carbono (CO2) para habilitar un camino alternativo de acceso a los puesteros.

Ensayos de infiltración para el acopio temporal de fluidos, que determinan que el suelo tiene baja permeabilidad y es apto para ese uso.

Sin embargo, las medidas informadas hasta ahora no abordan el núcleo del problema denunciado, ni aclaran la composición de los contaminantes, el estado de otros pozos en la zona ni la magnitud real del daño ambiental. Tampoco hay datos públicos sobre sanciones a la empresa ni sobre si el Estado evalúa iniciar acciones judiciales.

Leyes buenas, controles nulos

Derlindati subrayó que la ley ambiental provincial, pese a ser buena en su redacción, nunca fue aplicada de forma efectiva. “Está desactualizada, tiene artículos sin reglamentar, y las áreas estatales no actúan de forma coordinada”, lamentó.

Además, apuntó que existe una desconexión entre los problemas ambientales del interior y la percepción desde los centros urbanos: “Si no hubieran muerto animales vacunos, nadie se enteraba. No hay una conciencia real sobre la gravedad de los problemas ambientales fuera del área metropolitana”.

Un reclamo que interpela

La denuncia de la diputada Hucena no solo visibiliza un conflicto ambiental urgente, sino que también interpela a la clase política, a los organismos de control, a la justicia y a la sociedad. Con su mensaje claro —“Cuidar el ambiente no es un lujo, es una obligación con nuestra gente y nuestro futuro”—, reabre un debate necesario: ¿quién controla realmente a las empresas extractivas en Salta? ¿Qué mecanismos existen para prevenir estas situaciones? ¿Y por qué se siguen repitiendo?

Precisamente, tratándose de un extenso territorio enmarcado de riquezas naturales que suelen ser el telón de fondo de conflictos numerosos, la intervención de Hucena esta semana, y la semana pasada, del senador Juan Cruz Curá del mismo departamento, efectuando el mismo reclamo, y siendo ambos de la partida de legisladores oficialistas, la situación marca un límite y exige respuestas urgentes, sobre todo del área de ambiente. Visto así y retomando las palabras de la propia Hucena si el norte no es zona de descarte, como afirma la diputada, entonces quienes deben garantizarlo, deben hacerlo de forma urgente.