Trabajadoras de casas particulares marcharon por el impacto del costo del boleto de colectivo
Trabajadoras de casas particulares de la ciudad de Salta se manifestaron en la intersección de Mitre y Leguizamón para visibilizar el impacto del costo del transporte público en sus ingresos y exigir la implementación urgente de un Boleto Social Inclusivo.
La protesta, protagonizada por empleadas del sector, estuvo dirigida a la empresa SAETA, a los legisladores provinciales y al Ejecutivo salteño, a quienes reclaman medidas concretas que garanticen condiciones de accesibilidad al trabajo en un contexto de fuerte presión sobre los ingresos. Según expusieron durante la jornada, una trabajadora que cumple 192 horas mensuales percibe un salario de bolsillo de $410.775. Tras el descuento de $22.000 correspondientes a la obra social, el gasto en transporte alcanza los $104.400 mensuales, lo que representa el 23,3% del ingreso. De ese total, indicaron, quedan $284.375 para cubrir el resto de las necesidades básicas. El planteo se apoya en parámetros internacionales.
De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el salario debe garantizar un nivel de vida digno, incluyendo el acceso al transporte.
En la misma línea, el Banco Mundial establece que el gasto en movilidad no debería superar el 10% del ingreso del hogar. Además, ONU-Hábitat advierte que cuando ese porcentaje supera el 15% se configura una situación de exclusión y “pobreza de movilidad”.
“Estamos muy por encima de esos valores. Trabajar no nos puede costar el plato de comida”, señalaron durante la manifestación. En ese marco, el reclamo central es la creación de un Boleto Social Inclusivo (BSI) que contemple al menos 40 boletos de transbordo mensuales. Según sus cálculos, la medida permitiría reducir el gasto en transporte al 8,5% del salario, ubicando a la provincia dentro de los estándares internacionales de accesibilidad. Las trabajadoras remarcaron además el rol esencial que cumplen en la dinámica laboral de la ciudad. “Sin nosotras, muchas familias no podrían salir a trabajar. Lo que pedimos es empatía y voluntad política”, expresó Ana Díaz la referenta del sector.