Elevan a juicio a 27 imputados por la financiera ilegal “Ríos & Asociados”, entre ellos 13 policías
El Juzgado de Garantías 3 de Salta resolvió elevar a juicio oral la causa contra 27 personas acusadas de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer múltiples estafas mediante una financiera ilegal, entre ellas, 13 efectivos de la Policía provincial.
La resolución fue dictada por el juez Antonio Pastrana, quien hizo lugar al requerimiento formulado por la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).
La principal imputada es Cynthia Elizabeth del Valle Moya, sindicada como jefa u organizadora de la firma “Ríos & Asociados S.A.”, una financiera que operaba de forma ilegal captando inversores mediante la promesa de rendimientos del 100% en plazos de 15 a 60 días.
Según la acusación fiscal, se trataba de un esquema piramidal en el que se utilizaba el dinero de nuevos clientes para pagar a los anteriores, generando una falsa apariencia de solvencia.
Moya será juzgada por 849 hechos de estafa y 849 falsedades de instrumento privado, todos en concurso ideal.
Junto a ella, serán enjuiciadas otras 26 personas por diversos delitos vinculados a la causa, incluyendo asociación ilícita, abuso de autoridad, peculado, encubrimiento y falsificación de documentos.
Entre los imputados figuran Alejandra y Ana Macarena Párraga, Cristina Laguna, los hermanos Hernando, Sergio Bonifacio Ramos y otros miembros de la estructura financiera. También enfrentan cargos varios funcionarios policiales y públicos, acusados de facilitar el funcionamiento del esquema o encubrir la maniobra.
El juez Pastrana también ordenó el sobreseimiento de cinco personas y rechazó los planteos de nulidad y solicitudes de sobreseimiento presentados por varias defensas.
Según la investigación, los contratos que se ofrecían a los inversores incluían la firma falsificada de un supuesto abogado de apellido Figueroa, cuya identidad completa fue usurpada para dar apariencia legal a las operaciones.
La causa se encamina ahora a la etapa de juicio oral, donde se analizará la responsabilidad penal de cada uno de los acusados por lo que representa uno de los casos de estafa financiera más grandes registrados en la provincia.
Los inicios
La financiera ilegal comenzó a operar en junio de 2021 en la ciudad de Metán, y, posteriormente, abrió una sede en la ciudad de Salta.
Funcionaba de manera articulada con personal policial, conformando la figura de asociación ilícita.
Una exhaustiva y prolongada investigación de la UDEC, permitió desmantelar la modalidad defraudatoria utilizada, conocida como Esquema Ponzi o estafa piramidal.
Para concretar la maniobra fraudulenta, los acusados suscribían un contrato de inversión por cada operación, aparentando su legitimidad mediante la firma de un supuesto presidente del ente societario. Este documento utilizado como elemento de engaño, inducía a error a las víctimas, haciéndole creer que recibirían, lo que se enmarca en una maniobra estafatoria.
Esta estrategia les permitió captar a una importante cantidad de víctimas, quienes, confiando en la promesa de rentabilidad, realizaron importantes aportes en dinero y/o bienes, como vehículos y motocicletas.
Los 849 contratos permitieron a los acusados obtener un total de 513.318.730 de pesos y 510.131 dólares, según la investigación.