Otorgan “domiciliaria” y niegan prisión preventiva a Jefes del Servicio Penitenciario
Los siete funcionarios y los otros involucrados en la causa donde personal del Servicio Penitenciario habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitiendo el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para las personas detenidas en la unidad carcelaria, fueron enviados a sus domicilios con medidas sustitutivas por el juez del Juzgado de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino.
Ante esta decisión, el Ministerio Público Fiscal se opuso y solicitó la prisión preventiva en reiteradas oportunidades durante la audiencia “multipropósito”.
El juez del Juzgado de Garantías 4, Diego Rodríguez Pipino, negó ayer al mediodía la prisión preventiva solicitada por los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio y Gustavo Torres Rubelt para los detenidos en la causa en la que investiga a funcionarios del Servicio Penitenciario que habrían exigido dinero a cambio de otorgar ciertos beneficios o permitido el ingreso de elementos prohibidos y estupefacientes para personas detenidas.
Pese al pedido de la Unidad Fiscal conformada por la fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y los fiscales Penal de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, para que los siete funcionarios del Servicio Penitenciario y los otros involucrados permanezcan detenidos, el juez Rodríguez Pipinio otorgó el arresto domiciliario a 14 de los involucrados. Sobre uno de los detenidos aún no falló y sobre el hombre que cumple condena en la Unidad Carcelaria 1, ordenó que continúe detenido.
Entre los beneficiados con el arresto domiciliario se encuentra la madre de un hombre privado de la libertad que habría cumplido el rol de fraccionar sustancias estupefacientes y entregarlas a un guardia cárcel, que a su vez la ingresaba al penal y la entregaba al detenido para su comercialización en la Unidad Carcelaria N° 1.
También se secuestraron “facas”, celulares, y otros elementos prohibidos en los puestos de trabajo de los funcionarios.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal insistieron ante el Juzgado en la necesidad de que los involucrados permanezcan detenidos para poder avanzar en la investigación y evitar el entorpecimiento de la causa y el libre testimonio de los testigos, por el riesgo de presionar a estos últimos. Fundamentaron, además, su pedido en la contundencia de las pruebas recabadas y en los secuestros efectuados el 6 de diciembre pasado durante los 36 allanamientos efectuados, en una causa sin precedentes, de un abyecto y condenable aprovechamiento de vulnerables privados de libertad que debían pagar para acceder a beneficios, entre otras negociaciones abominables.
El juez Rodríguez Pipino consideró que no existía riesgo procesal alguno para la investigación, que demandó más de dos meses de esfuerzos y recursos al Ministerio Público Fiscal, y otorgó el arresto domiciliario a los involucrados.
Los fiscales se mostraron sorprendidos por la decisión tomada ayer por el juez de Garantías 4, en la que determinó el arresto domiciliario de personas con graves acusaciones y participación en los delitos tanto en perjuicio de la Administración pública, como relacionados a la comercialización de estupefacientes
“La audiencia fue realizada por un juez que no es el juez natural de la causa, lo que llama poderosamente la atención y esto está relacionado con las improlijidades del Plan Piloto de Oralidad de la Oficina de Gestión Judicial de Garantías (OfiJu) que ya nos trajo perjuicios en otras oportunidades. En este caso, y fruto del desorden, a mitad de la audiencia el juez tuvo que llamar a un cuarto intermedio cuando advirtió que en la audiencia no estaban la totalidad de los abogados defensores”, advirtió Salinas Odorisio para luego señalar que “ante la escasez de los argumentos de los defensores, el juez suplió ese rol y terminó dando el beneficio a los imputados, entendiendo que la Fiscalía no probó el peligro de entorpecimiento ni la naturaleza de los hechos”.
La fiscal de UDEC consideró que “en este razonamiento se aleja totalmente de los hechos y del derecho que se debe aplicar, ya que todo se pudo comprobar este de manera exhaustiva, para lo que implica esta instancia del proceso en una investigación activa durante meses, sino que además faltan realizar medidas (programadas para los meses de diciembre y enero), en donde hemos comprobado que existen testigos que están condicionados y que piden declarar con identidad reservada. Obviamente la libertad de los imputados condiciona la declaración de los testigos”.
Intervención del Procurador de la Provincia
“La red de corrupción de la cárcel sólo presenta un inicio y tiene que ser investigado y el juez se aparta de esto, hasta desconociendo las escalas penales durante la audiencia”, concluyó la fiscal Salinas Odorisio.
Por otra parte, y ante la gravedad de los hechos investigados, el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, dispuso acudir a la figura contemplada en el Art. 32 de la Ley N° 7.328, que permite al Procurador General dentro de sus facultades “Intervenir en forma conjunta con los fiscales, en las causas en trámite, cuando la gravedad o importancia de aquellas lo justifique”, para de ese modo acompañar a los fiscales ya intervinientes en la Unidad Fiscal, pasando a integrar formalmente la misma. “Resulta lamentable y preocupante el mensaje que se exterioriza a la sociedad, cuando de lo que se trata es de fortalecer ejemplos y paradigmas morales ante quebrantos tan execrables de quienes debieran hacer respetar el orden, la rectitud y la Constitución misma por la cual juraron en su condición de funcionarios del Servicio Penitenciario”, agregó el Procurador General.