Zona Fría: “Está en juego pagar como ahora o con un aumento del 50%”
La discusión por la Zona Fría dejó de ser un debate técnico entre expedientes legislativos, fondos fiduciarios y porcentajes tarifarios, para convertirse en una pregunta mucho más concreta: cuánto más tendrá que pagar una familia salteña por calefaccionarse si el Senado convierte en ley el proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados y que busca recortar el alcance geográfico del beneficio.
Para Salta, el impacto podría ser significativo ya que localidades como Capital, Cafayate, Cachi, Chicoana, La Caldera, La Viña y Rosario de Lerma quedarían fuera del esquema tal como funciona actualmente, mientras que sólo conservarían el beneficio zonas consideradas de frío extremo como Los Andes, La Poma, Santa Victoria e Iruya.
En diálogo con Nuevo Diario, el Defensor del Pueblo de la ciudad de Salta, Federico Núñez Burgos, buscó ordenar una discusión que suele confundirse con la palabra subsidio, aunque su funcionamiento es más específico.
“La Zona Fría es un beneficio por ley que el Estado Nacional otorga a usuarios de la red de gas natural. El beneficio ronda entre el 30 y 50% del valor de la tarifa plena”, explicó.
Según detalló, el régimen no funciona como un subsidio común financiado de manera directa por el Tesoro, sino a través de un fondo fiduciario al que aportan los propios usuarios del sistema.
“Todos los usuarios de red de gas natural aportamos a un fondo fiduciario que recauda el 7,5% de las tarifas y con ese fondo se paga el beneficio de Zona Fría”, señaló.
Una compensación, no un privilegio
El régimen fue creado originalmente para compensar el mayor consumo de gas en regiones de severa rigurosidad climática, como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Sin embargo, en 2021 la Ley 27.637 amplió su alcance a más de 230 departamentos de 14 provincias, incorporando zonas que hasta entonces no estaban cubiertas, entre ellas varios departamentos salteños.Núñez Burgos recordó que esa ampliación respondió a criterios técnicos, reclamos sociales y gestiones institucionales.
“La ley originalmente cubría algunas zonas del país, entendiendo que eran las más frías, Patagonia y La Puna, pero luego se amplió teniendo en cuenta datos meteorológicos, acciones de ONGs y las Defensorías del Pueblo. Con todo ello, de acuerdo a variables meteorológicas, Salta quedó comprendida dentro del régimen de Zona Fría”, sostuvo.
Para el Defensor, la clave está en comprender que el beneficio responde a una necesidad concreta. En determinadas regiones, el frío modifica de manera sustancial el consumo de gas y, por lo tanto, el monto final de la factura.
“El de Zona Fría es una compensación económica sobre las tarifas plenas que se aplica a los usuarios de la red de gas natural en las regiones donde el clima es adverso y en temporadas invernales el consumo de gas para calefaccionarse modificaría fundamentalmente el valor de las tarifas”, remarcó.
La diferencia no es menor. No se trata de una ayuda decorativa ni de un privilegio, sino de una compensación diseñada para equilibrar condiciones desiguales. No consume lo mismo una familia que atraviesa un invierno suave que otra que necesita calefaccionarse durante noches de bajas temperaturas, especialmente en viviendas precarias o con mala aislación térmica.
El golpe llegaría directo a la boleta
Si el proyecto avanza en el Senado , el impacto se verá de manera directa en la factura de gas. Núñez Burgos fue concreto: “El impacto se va a sentir en la boleta. Si es aprobado en el Senado y aplicada la eliminación de la compensación por Zona Fría, tendremos que calcular que el valor final de la factura por consumo de gas natural será, al menos, un 50% mayor de lo que se paga actualmente”.
La frase resume el núcleo del conflicto. Para una jubilada, un trabajador informal o una familia con ingresos ajustados, un aumento de ese nivel no representa una abstracción económica. Es menos consumo, más endeudamiento, más frío puertas adentro o mayor riesgo de recurrir a métodos alternativos de calefacción.
El proyecto aprobado en Diputados redefine el alcance del Fondo Fiduciario para Subsidios de Gas. En lo central, mantiene el beneficio automático para la Patagonia, Malargüe y la Puna, pero deja fuera a buena parte de las zonas incorporadas por la ley de 2021. En adelante, los usuarios de esas regiones sólo podrían acceder al beneficio si cumplen con los criterios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.
El Gobierno nacional sostiene que los sectores más vulnerables seguirán protegidos y que el nuevo esquema apunta a ordenar las cuentas públicas, reducir el déficit fiscal y normalizar el sistema energético. Sin embargo, en provincias como Salta, donde la informalidad laboral y la precariedad económica son estructurales, la focalización puede convertirse en una trampa burocrática: muchas familias no son lo suficientemente pobres para entrar en un registro, pero tampoco tienen ingresos reales para absorber una suba abrupta de servicios.
Salta no entra en un solo criterio
Uno de los puntos más sensibles es la diversidad climática y social de la provincia. Salta combina Puna, valles, zonas de altura, áreas rurales, departamentos turísticos y una capital densamente poblada con fuertes bolsones de vulnerabilidad. Medir esa realidad con una regla general puede dejar afuera situaciones concretas que no siempre se reflejan en los promedios.
Consultado sobre la posibilidad de que algunas zonas conserven el beneficio y otras, como la capital u otros departamentos más poblados, queden excluidas, Núñez Burgos marcó una postura histórica de la Defensoría.
“Históricamente la Defensoría del Pueblo de Salta mantiene una postura muy clara en el compromiso de ampliar la Zona Fría a toda la provincia, entendiendo las diversidades climáticas y la amplitud térmica que tenemos”, afirmó.
En Salta Capital, el posible recorte no es un dato menor. Se trata de la ciudad más poblada de la provincia y concentra una enorme cantidad de hogares que ya vienen golpeados por aumentos de servicios, alquileres, alimentos, transporte y endeudamiento familiar. En Cafayate, Cachi, Chicoana, Rosario de Lerma, La Viña o La Caldera, la situación también tiene particularidades: economías locales frágiles, actividades estacionales, empleo informal y familias que no siempre entran cómodamente en los formularios estatales.
Preocupan tarifas y futuros endeudamientos
Aunque la Defensoría del Pueblo de la ciudad todavía no recibió consultas específicas por la posible quita de la Zona Fría, Núñez Burgos advirtió que el tema aparece dentro de un cuadro más amplio de preocupación social por los servicios y el costo de vida.
“Aún no hemos recibido consultas sobre el tema, sin embargo desde enero hasta aquí sí hay muchas consultas por tarifas en general”, señaló.
En ese marco, recordó que muchas familias perdieron beneficios energéticos nacionales y que también crecieron los reclamos vinculados al endeudamiento cotidiano.
“Desde enero desapareció el RASE o categorización y muchas familias beneficiadas con subsidios nacionales de energía eléctrica lo perdieron”, indicó.
Además, mencionó consultas por “comisiones e intereses bancarios por refinanciación de tarjetas de crédito y préstamos personales”.
Ese dato permite leer la discusión tarifaria en un contexto más amplio. La posible quita de Zona Fría se suma a una cadena de aumentos y restricciones que vienen presionando sobre los ingresos familiares. Cuando una boleta sube, muchas veces no se paga sola: se financia con tarjeta, se posterga otro gasto o se acumula deuda.
Acciones conjuntas y escenario abierto
Frente al avance del proyecto en el Congreso, Núñez Burgos confirmó que la Defensoría salteña mantiene contacto con otros organismos del país a través de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina.
“Estamos vinculados por medio de ADPRA con todas las Defensorías asociadas y estamos evaluando acciones conjuntas”, explicó.
De todos modos, aclaró que el escenario aún depende de lo que ocurra en el Senado. “Hay que esperar. En los próximos días el proyecto será ingresado al Senado de la Nación y recién podremos saber cuáles son los posibles escenarios sobre el futuro de las Zonas Frías”, sostuvo.
Entre las alternativas que podrían evaluarse aparecen pedidos de informes, acompañamiento a reclamos ciudadanos, presentaciones administrativas e incluso planteos judiciales, especialmente si la norma termina dejando zonas vulnerables sin protección o si la reglamentación delega en el Poder Ejecutivo aspectos centrales del beneficio sin criterios claros definidos por ley.
El trasfondo político y lo que está en juego
El acompañamiento de sectores vinculados al oficialismo provincial quedó atravesado por una negociación con la Casa Rosada que incluyó la promesa de futuras compensaciones eléctricas para provincias del norte, bajo el concepto de “zonas cálidas”. Sin embargo, esas eventuales compensaciones no quedaron incorporadas al texto legislativo, sino sujetas a decisiones posteriores del Ministerio de Economía.
La diferencia es clave: mientras el recorte al beneficio del gas avanza por ley, la compensación eléctrica aparece como una promesa futura.
Para Núñez Burgos, si hubiera que explicarle el debate a una jubilada o a un trabajador que no sigue la discusión legislativa, la síntesis es directa: “Está en juego seguir pagando la tarifa de gas más o menos como viene pagándose ahora o con un aumento del 50%”.
Esa frase baja la discusión del Congreso a la cocina, al calefactor, al bolsillo y al invierno. La Zona Fría no se juega solamente en una planilla de ahorro fiscal ni en una pulseada entre Nación y provincias. Se juega en la vida cotidiana de miles de hogares salteños que ya vienen ajustando gastos, refinanciando deudas y midiendo cada consumo.
El Senado tendrá ahora la próxima palabra. Para Salta, el debate definirá si buena parte de la provincia conserva una compensación reconocida por ley o si cientos de miles de usuarios quedan sometidos a un esquema más restrictivo, focalizado y todavía incierto. En el medio quedan los mismos de siempre: los que no negocian en despachos ni redactan reglamentos, pero pagan la boleta completa cuando llega.


