Asesores y Defensores, en contra de bajar la edad de imputabilidad
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina -en el que la Asesora General de Incapaces Mirta Lapad representa a Salta- junto la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADEPRA), manifestaron su “profunda preocupación” ante el Proyecto de Ley de Modificación al Régimen Penal Juvenil presentado recientemente por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación.
La iniciativa apunta, entre otros aspectos, a bajar la edad en que un adolescente puede ser condenado por el sistema penal.
En un comunicado que emitieron este lunes, estas instituciones expresaron que bajar la edad de punibilidad es innecesario, ya que es poco representativa la cantidad de delitos graves cometidos por menores de 18 años y que, para la franja de los menores de 16 años, es aún inferior.
“La mayoría de los delitos que involucran a los adolescentes en nuestro país se refieren a delitos contra la propiedad (robos y hurtos)”, destacaron.
También resaltaron que “casi el 90% de los delitos cometidos por adolescentes se concentran en Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y CABA, mientras que en el resto del país la realidad es muy diferente.
En el comunicado se mencionó que los niños, niñas y adolescentes merecen una protección y trato diferencial “científicamente está demostrado que el lóbulo frontal no alcanza la madurez hasta después de los 20 años, que es el encargado del autocontrol, la toma de decisiones, el desarrollo abstracto y la anticipación de las consecuencias”.
“Los niños, niñas y adolescentes no son adultos pequeños sino seres humanos que se encuentran en desarrollo, razón por la cual no se puede legítimamente pretender que los mismos, tengan mismas penas o responsabilidades que los adultos”, explicaron.
Agregaron que “esta verdad científica se reconoce en numerosos fallos en todo el mundo” y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación la tomó en cuenta en la resolución del denominado “caso Mendoza”.
Los defensores y asesores tienen la misión constitucional de asegurar la protección efectiva de los niños, niñas y adolescentes en concordancia con los estándares internacionales y los instrumentos y principios universalmente reconocidos.
Desde las instituciones que los representan, resaltaron: “el Comité de los Derechos del Niño (NU), en su informe de 2018, recomendó la modificación de nuestro régimen penal juvenil por uno compatible con la Convención sobre los Derechos del Niño, enfatizando que no se deben incrementar las penas de los delitos ni reducir la edad de responsabilidad penal y que se deben promover medidas no judiciales”.
Además, se recordó que el artículo 37 b) de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que “la privación de libertad se utilizará como medida de último recurso y por el período más breve que proceda”.
“Afirmamos que el proyecto es perjudicial porque está comprobado que la privación de libertad afecta el desarrollo emocional del adolescente y que el contexto carcelario favorece a una dinámica de violencia, reproducción de traumas y consolidación de identidades negativas. Si bien en varios países de la región las edades de punibilidad resultan ser inferiores a la Ley Argentina; no es menos cierto que ello no ha significado la disminución del delito”, sostuvieron.
Apuntaron que Argentina tiene un índice de homicidios de 3,7 cada 100.000 habitantes, con una edad de punibilidad de 16 años, mientras Paraguay tiene una edad de responsabilidad penal de 14 años y un índice de homicidios cada 100.000 habitantes de 6,2; Uruguay tienen una edad de responsabilidad penal de 13 años y un índice de homicidio del 10,07; México una edad de 12 y un índice del 22,6; Brasil una edad de 12 y un índice del 23,01 cada 100.000 habitantes.
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADEPRA) requirieron a las autoridades legislativas y ejecutivas que desistan de avanzar con este proyecto de ley.
La Asesora General de Incapaces, Mirta Lapad, manifestó su opinión con respecto al proyecto para bajar la edad de imputabilidad. “Venimos expresando desde el año pasado, junto al Consejo Federal de Defensores y de Asesores Generales de la República Argentina, que no estamos de acuerdo”, señaló.
La magistrada consideró que aprobar esta iniciativa “sería un retroceso”.
También consideró que se necesitan políticas de contención y prevención. “No creo que, en cuanto a los índices o indicadores delictivos, este proyecto vaya a modificar la inseguridad”, planteó.