Por investigación sumarial, suspenden a exdirectivos del hospital de Cafayate
El Ministerio de Salud Pública de Salta dispuso sanciones disciplinarias contra exautoridades del Hospital Nuestra Señora del Rosario de Cafayate tras concluir una investigación sumarial iniciada en 2022 por presuntas irregularidades administrativas, según informó Radio Cafayate.
A través de la Resolución Nº 0316, firmada por el ministro Federico Mangione, se determinó la suspensión por 90 días sin goce de haberes del médico Carlos Daniel Vargas y del exgerente administrativo Ariel Correa.
Además, se ordenó la intervención de la Sindicatura General de la Provincia y de la Fiscalía de Estado.
La resolución se sustenta en una auditoría contable realizada entre marzo y abril de 2022 que detectó inconsistencias en la rendición de cuentas por aproximadamente 80 millones de pesos, cifra que, según estimaciones actuales, ascendería a unos 300 millones.
Las irregularidades estarían vinculadas al manejo de compras y contrataciones durante la gestión de Vargas, en un contexto en el que se constató la falta de documentación respaldatoria en gastos y facturaciones no declaradas en los balances oficiales.
El proceso se originó a partir de denuncias del personal del hospital y de representantes gremiales.
El delegado de ATE, Cristian Haviar, encabezó protestas y presentaciones solicitando la remoción de las autoridades.
Por su parte, el senador Sergio Saldaño confirmó el seguimiento del caso y señaló que las auditorías ratificaron fallas en el control de gastos durante la gestión que dependía del exministro Juan José Esteban, además de advertir que situaciones similares se habrían registrado en otros hospitales de la provincia, como Metán, Orán y J.V. González.
Tras el apartamiento de la gerencia general, surgieron versiones sobre el traslado de Vargas al Hospital Papa Francisco de la capital salteña, en el marco de una reorganización de servicios.
Con el cierre de la etapa sumarial, la resolución abre ahora el paso a instancias administrativas y judiciales para determinar responsabilidades civiles y penales.
Los vecinos de la zona esperaron más de dos años la conclusión del proceso, en el que los informes de la Auditoría General de la Provincia resultaron determinantes para la aplicación de las sanciones.