Diputados aprobó el pedido de una alcaidía en Joaquín V. González
La Cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de declaración que impulsa la creación de una alcaidía en el municipio de Joaquín V. González, en el departamento Anta.
El proyecto, impulsado por el diputado Juan Pablo Cuellar, solicita al Poder Ejecutivo provincial que disponga los medios necesarios para la construcción de un edificio destinado a funcionar como alcaidía, dependiente del Servicio Penitenciario.
En diálogo con Nuevo Diario, el legislador explicó que el pedido no es reciente, sino que responde a una problemática estructural que se arrastra desde hace años en el departamento Anta.
“Hay un habeas corpus del juez de Garantías del año 2016, en donde las autoridades se comprometían a trabajar en un plan para la construcción de una alcaidía”, agregó.
En ese contexto, el reciente fallecimiento de un interno volvió a poner el tema en agenda y aceleró el tratamiento del proyecto.
Hacinamiento y condiciones precarias
El principal argumento detrás de la iniciativa es la situación actual de las personas privadas de la libertad en la zona, que permanecen alojadas en comisarías y dependencias policiales.
“Todas las personas que están alojadas en las comisarías lo están haciendo en una situación de hacinamiento, de insalubridad”, advirtió Cuéllar.
Actualmente, el departamento Anta depende operativamente del Distrito Judicial del Sur, con asiento en San José de Metán, lo que complica la logística y el funcionamiento del sistema.
Diferenciar funciones: policía y sistema penitenciario
Uno de los ejes centrales del proyecto es redefinir el rol de las fuerzas de seguridad en el territorio. Según Cuéllar, la falta de infraestructura adecuada obliga a la Policía a cumplir funciones que no le corresponden.
“Lo que tenemos que buscar es que sea una alcaidía que dependa del Servicio Penitenciario, para que la Policía esté abocada a sus funciones de prevención y seguridad, no para cuidar detenidos”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que las ampliaciones de comisarías o centros de detención transitorios no son una solución de fondo, sino “un paliativo”.
El legislador también planteó alternativas concretas para la localización del futuro edificio. Una de ellas es un predio cercano a las dependencias judiciales de la ciudad.
“En la parte de atrás donde funciona el Poder Judicial hay un espacio muy grande que podría acondicionarse”, indicó.
Además, ayudaría a reducir costos y mejorar la operatividad en traslados:
“Hoy los móviles policiales de Apolinario Saravia y General Pizarro funcionan prácticamente como remises, trasladando detenidos todos los días”.
El proyecto aprobado tiene carácter de declaración, por lo que ahora el desafío será avanzar en gestiones concretas ante el Ejecutivo provincial.
“Vamos a insistir para que se elabore un plan de trabajo que sea factible”, finalizó.