En Cafayate, vecinos irán a la Justicia por incumplimientos en corrales clandestinos
La situación ambiental en los pasajes San Marcos y San Francisco, en la zona de La Banda de Abajo, en Cafayate, alcanzó un punto crítico luego de que se venciera el plazo de seis meses que la Justicia había otorgado a la Municipalidad para erradicar corrales y mataderos clandestinos.
Lejos de resolverse, el conflicto se profundizó y ahora los vecinos decidieron volver a recurrir a los tribunales. El abogado patrocinante, Sebastián Aguirre Astigueta, confirmó que se agotaron las instancias de espera y que avanzarán con nuevas presentaciones judiciales ante la falta de cumplimiento por parte del Ejecutivo local, encabezado por la intendenta Rita Guevara.
La causa ya cuenta con una sentencia firme en el marco de un amparo ambiental y se encuentra actualmente en etapa de ejecución. Según explicó el letrado, los vecinos habían aceptado sucesivas prórrogas propuestas por el municipio, en un proceso que se extendió por más de un año. Sin embargo, las tareas comprometidas —como la limpieza del material orgánico, el retiro del guano y la eliminación de focos infecciosos— no se concretaron de manera efectiva. “En seis meses tendría que haberse solucionado el problema ambiental del lugar, haber removido básicamente este material orgánico que es el guano que genera emanaciones de olor”, sostuvo Aguirre Astigueta, quien remarcó la persistencia de olores nauseabundos y acumulación de residuos en la zona.
El abogado fue particularmente crítico con la conducta del municipio, al señalar que no existen fundamentos técnicos ni legales que justifiquen la demora. Incluso recordó que la Justicia ya había advertido sobre la actitud reticente de la intendenta, llegando a evaluar el uso de la fuerza pública para garantizar su comparecencia en audiencias previas. En ese marco, la querella sostiene que el Ejecutivo intentó utilizar un episodio aislado —una agresión a un empleado municipal— como argumento para dilatar las intervenciones, pese a que los plazos judiciales ya estaban vencidos al momento del hecho. “Vamos a avanzar con presentaciones en la justicia por el incumplimiento de los plazos judiciales”, afirmó el letrado. Entre las medidas previstas, adelantó que solicitarán la aplicación de multas civiles para forzar el cumplimiento de la sentencia y no descartó que el juzgado interviniente evalúe la posible comisión del delito de desobediencia judicial.
El eje de la presentación se centra en la protección de la salud pública y del ambiente de los vecinos, quienes continúan expuestos a condiciones sanitarias deficientes. En ese sentido, Aguirre Astigueta aclaró que sus representados no persiguen un beneficio económico, sino que, en caso de aplicarse sanciones, los fondos sean destinados a instituciones de bien público o a mejoras en el área afectada.