Cuestionaron la “pasividad” de la Auditoría por el informe sobre el Fondo de Reparación Histórica
La Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas analizó el informe final sobre las obras financiadas entre 2012 y 2019 con el Fondo de Reparación Histórica.
Legisladores advirtieron sobre la “laxitud” del criterio adoptado por la Auditoría General de la Provincia, luego de que el organismo emitiera una abstención de opinión por falta de documentación respaldatoria. Porque en Argentina, aparentemente, desaparecen expedientes multimillonarios y la conclusión técnica puede terminar siendo un elegante “no podemos decir nada”.
La Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas de la Legislatura provincial analizó este miércoles el informe definitivo de auditoría financiera sobre la ejecución de obras del Fondo de Reparación Histórica (FRH), correspondiente al período 2012-2019, en una reunión marcada por fuertes cuestionamientos de los senadores al criterio adoptado por la Auditoría General de la Provincia (AGPS).
Durante el encuentro, los legisladores pusieron el foco en la abstención de opinión emitida por el organismo de control, basada en la falta de documentación en tres de las cinco unidades ejecutoras auditadas. Para varios integrantes de la Bicameral, esa definición técnica terminó generando una situación de “pasividad” frente a posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a obras estratégicas para el norte provincial.
Participaron de la reunión los legisladores Patricia Hucena, Juan Cruz Curá, Diego Cari, Eduardo Virgili y Luis Albeza, mientras que por la Auditoría expuso el auditor Marcos Segura Alzogaray junto a su equipo técnico. Según se informó, el trabajo de fiscalización comenzó administrativamente en 2020, las tareas de campo arrancaron en 2021 y el informe final recién fue presentado en 2025.
El análisis comprendió 80 obras seleccionadas de un universo original de 176 proyectos previstos, muestra que representa el 87% del monto total del préstamo del FRH. Segura explicó que el equipo técnico, integrado por más de 15 profesionales entre contadores, arquitectos e ingenieros, auditó a la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Asuntos Municipales, Co.S.A.y.Sa., Vialidad Provincial y el Poder Judicial. Solo estos dos últimos organismos obtuvieron una opinión favorable. Sin embargo, el núcleo del debate se produjo cuando el auditor confirmó que la falta de documentación vinculada a redeterminaciones de precios y avances de obra impidió validar la razonabilidad de los gastos en varias áreas ejecutoras, lo que derivó en la abstención de opinión. Los senadores cuestionaron duramente esa postura.
El senador Juan Cruz Curá planteó que la información faltante debió haber sido requerida también a la Unidad Coordinadora del FRH y preguntó por qué no se recurrió a la vía judicial ante la ausencia de documentación, en lugar de limitarse a abstenerse de emitir opinión. Además, remarcó la gravedad de que existan obras financiadas que nunca fueron ejecutadas, citando como ejemplo la planta de líquidos cloacales de Orán. Ante esos planteos, Segura confirmó la existencia de una causa penal en curso para determinar responsabilidades, aunque aclaró que no fue impulsada por la Auditoría. En paralelo, varios legisladores señalaron coincidencias con las observaciones formuladas desde la propia presidencia de la AGPS, donde se advirtió que el informe carecería de una visión integral sobre el cumplimiento real del plan de obras y que la falta de una definición técnica concreta podría derivar en una suerte de “pasividad” institucional frente a posibles incumplimientos.
Desde la Auditoría, Segura defendió el trabajo realizado y sostuvo que el informe sí contempló variables como el contexto inflacionario, las redeterminaciones y el carácter integral del plan, aunque insistió en que las limitaciones documentales condicionaron el alcance de las conclusiones. La reunión concluyó con la firma de un acta mediante la cual la Comisión solicitó formalmente el envío de otra auditoría financiera que lleva adelante la auditora Elsa Pereyra Maidana. Ese nuevo proceso estará enfocado específicamente en la operatoria del crédito del FRH, el financiamiento y la colocación de fondos, diferenciándose del informe tratado este miércoles, centrado exclusivamente en la ejecución de obras. El trasfondo político y administrativo del Fondo de Reparación Histórica vuelve así al centro de la escena legislativa. Un programa creado para reducir desigualdades estructurales en el norte salteño terminó otra vez atravesado por expedientes faltantes, obras inconclusas y auditorías discutidas.