Las bodegas salteñas alertan un escenario límite frente a la caída del consumo

El presidente de Bodegas de Salta, Alejandro Martorell, advirtió sobre una situación “crítica” para la actividad vitivinícola en la provincia. Denunció caída de ventas, sobrestock, presión impositiva y pérdida de competitividad frente a otras provincias.

El escenario se agrava tras la decisión del Gobierno nacional de cerrar el histórico plan estratégico vitivinícola administrado por Coviar, una medida que divide al sector entre quienes celebran el fin de los aportes obligatorios y quienes advierten un debilitamiento de las economías regionales.

La caída sostenida del consumo interno, el derrumbe del turismo enológico, la pérdida de rentabilidad, el peso de la carga impositiva y la creciente incertidumbre sobre el futuro del sector encendieron señales de alarma en los Valles Calchaquíes, donde productores y bodegueros advierten que la actividad comenzó a ingresar en una etapa de fuerte deterioro. El diagnóstico fue expuesto públicamente por el presidente de Bodegas de Salta, Alejandro Martorell, durante una entrevista brindada a Radio LUP, en la que describió una situación “muy compleja” para el sector vitivinícola provincial. Martorell sostuvo que la reciente cosecha fue buena en términos de calidad y cantidad, pero desastrosa desde el punto de vista económico. Según explicó, el precio de la uva permanece prácticamente congelado desde hace dos años pese al proceso inflacionario. “El kilo de uva volvió a venderse a 600 pesos, igual que en 2024 y 2025. Si actualizáramos ese valor por inflación tendría que rondar los 1.900 pesos”, afirmó. El problema, señaló, es que muchas bodegas aún conservan enormes volúmenes de vino almacenado en tanques que no logran comercializarse. La consecuencia es una cadena que empieza a romperse desde abajo: menos compra de uva, menos ingresos para productores y mayor riesgo de abandono de viñedos. La escena ya comenzó a observarse en algunas provincias vitivinícolas. Martorell mencionó que en Mendoza existen estimaciones extraoficiales que hablan de hasta 40 mil hectáreas abandonadas. En Salta, aunque el fenómeno todavía no alcanza esa magnitud, apareció un síntoma que el sector considera gravísimo: uva que quedó sin cosechar porque levantarla implicaba perder dinero. “Se ha visto este año por primera vez que quede uva colgada en algunos viñedos porque cosecharla no era rentable”, advirtió. La postal sintetiza buena parte de la crisis de las economías regionales argentinas. Producir cuesta más que vender. Trabajar genera pérdida. Una lógica brillante, realmente. El país convirtió la rentabilidad en una especie de leyenda urbana.

La caída del consumo y cambio de hábitos

Uno de los ejes centrales de la crisis es el derrumbe del consumo de vino en Argentina. Martorell recordó que durante la década del 70 el consumo per cápita alcanzaba los 92 litros anuales, mientras que hoy apenas ronda los 15,7 litros. El fenómeno responde a múltiples causas. Por un lado, el cambio de hábitos de consumo y la aparición de nuevas bebidas alcohólicas y no alcohólicas que compiten con el vino. Por otro, el contexto económico general, que impacta directamente sobre el bolsillo de los consumidores. La caída del poder adquisitivo afecta especialmente a productos considerados “de disfrute” o vinculados al ocio. Y aunque el vino forma parte de la cultura argentina desde hace generaciones, ya no ocupa el mismo lugar en la mesa cotidiana. A eso se suma una estructura de costos cada vez más pesada. Martorell aseguró que una botella de vino paga alrededor de un 62% de impuestos. El reclamo tributario es uno de los históricos planteos de las bodegas, que sostienen que la presión fiscal reduce competitividad frente a otros mercados internacionales. En Salta, además, el peso de la logística y las distancias agrava aún más el escenario. Transportar vino desde los Valles Calchaquíes hacia los principales centros de consumo implica costos significativamente más altos que en otras provincias productoras.

El fin del PEVI y otra grieta del vino

En medio de la crisis productiva, el Gobierno nacional sumó otro elemento de tensión al anunciar el cierre definitivo del Plan Estratégico Vitivinícola Argentina 2020 (PEVI), administrado por la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). La medida fue oficializada mediante la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, que dispuso poner fin a los aportes obligatorios que financiaban el esquema y ordenó una rendición completa de cuentas en un plazo de tres meses. La decisión abrió una fuerte disputa dentro del universo vitivinícola argentino. Por un lado, Bodegas de Argentina, entidad que reúne a más de 200 bodegas responsables del 90% de las exportaciones del sector, respaldó el cierre y celebró el final de las contribuciones obligatorias. La presidenta de la entidad, Patricia Ortiz, sostuvo que el plan “fracasó” y calificó al sistema como “coercitivo”. También afirmó que muchas bodegas reclamaban desde hacía años la finalización de un esquema que consideraban burocrático y alejado de sus objetivos originales. Desde el Gobierno nacional, el ministro Federico Sturzenegger fue aún más duro y aseguró que durante más de dos décadas se recaudaron alrededor de 300 millones de dólares para objetivos que “nunca llegaron”. Pero no todo el sector comparte esa mirada. Distintas entidades vinculadas a pequeños productores y economías regionales advirtieron que el cierre del PEVI puede debilitar herramientas de promoción, asistencia técnica y posicionamiento internacional del vino argentino. En Salta, donde la producción representa apenas el 1,8% del total nacional, pero concentra vinos de alta gama y fuerte identidad territorial, el temor es que la combinación entre caída del consumo, crisis económica y retiro de herramientas estatales termine golpeando aún más a una actividad estratégica para los Valles Calchaquíes. Martorell recordó que entre 3.500 y 4.000 familias dependen directamente de la vitivinicultura en la provincia. Y detrás de cada número aparece una cadena enorme: cosecheros, gastronómicos, hoteleros, transportistas, guías turísticos, pequeños productores y trabajadores rurales. Porque el vino, en el norte argentino, nunca fue solamente una bebida. También es paisaje, identidad y trabajo. Aunque en la Argentina contemporánea hasta eso parezca discutirse entre decretos, motosierra y controles de alcoholemia en la ruta.

Otra vez la pelea por el alcohol cero

Dentro del diagnóstico de crisis, Martorell volvió además sobre una de las discusiones más sensibles y polémicas para el sector: la ley de alcohol cero al volante. El titular de Bodegas de Salta cuestionó nuevamente la normativa vigente en la provincia y aseguró que perjudica al turismo enológico y al consumo responsable del vino. “Porque haya borrachos no se puede castigar con la misma vara al que no es borracho”, afirmó durante la entrevista radial. Martorell insistió en que los accidentes viales graves suelen producirse con niveles mucho más altos de alcohol en sangre y planteó la necesidad de revisar estadísticas luego de más de doce años de aplicación de la normativa en Salta. La postura no es nueva. El dirigente ya había generado controversias anteriores al cuestionar el régimen de tolerancia cero y plantear que provincias como Mendoza, donde rige un límite de 0,5 gramos de alcohol en sangre, resultan más competitivas para el turismo vinculado al vino. En ese sentido, sostuvo que muchos visitantes prefieren destinos donde pueden participar de degustaciones sin temor a perder el vehículo en controles policiales. Incluso relató situaciones de turistas en Cafayate que, tras recorrer bodegas, fueron detenidos en controles y terminaron con autos alquilados secuestrados. El planteo reabre un debate profundamente sensible. Organizaciones de familiares de víctimas de tránsito, especialistas en seguridad vial y sectores sanitarios sostienen que el alcohol cero salvó vidas y que cualquier flexibilización implica un retroceso.