Regulación de deliverys y emergencia para deudores, los temas que tratarán en Diputados
La Cámara de Diputados tratará este martes dos problemáticas de la vida cotidiana: la regularización de la actividad de deliverys y la declaración de una emergencia social y económica por el creciente endeudamiento de las familias.
Ambas iniciativas fueron presentadas por legisladores del bloque Todos por Salta y buscan dar respuesta a situaciones que se profundizaron en los últimos años: la expansión del trabajo mediante aplicaciones digitales y el aumento de las dificultades económicas de los hogares.
Uno de los proyectos que llegará al recinto corresponde al expediente N° 91-52.092/25, impulsado por el diputado Adrián Valenzuela. La iniciativa propone crear el Registro Provincial de Prestadores de los Servicios de Cadetería, Mandados, Delivery y afines, en el que deberán inscribirse las personas y empresas responsables de estas actividades.
La propuesta alcanza tanto a quienes trabajan de manera tradicional como a aquellos que realizan repartos mediante aplicaciones digitales, plataformas virtuales o servicios móviles.
Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es establecer un marco regulatorio para una actividad que experimentó un fuerte crecimiento y que, en muchos casos, se desarrolla en condiciones de informalidad y precarización laboral.
La iniciativa prevé la creación de mecanismos de control y supervisión, además de requisitos vinculados a habilitaciones, seguros, identificación de los trabajadores y condiciones de seguridad para quienes realizan repartos en motocicletas o bicicletas.
El proyecto también busca generar una base de datos provincial que permita conocer quiénes prestan estos servicios y garantizar mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector.
Emergencia por endeudamiento familiar
Otro de los expedientes incluidos, presentado por el diputado Omar Exeni, plantea declarar la Emergencia Social y Económica en materia de endeudamiento de consumidores financieros frente a entidades bancarias y financieras.
El proyecto establece la suspensión, durante un año, de las medidas cautelares de embargo y de los procesos de ejecución de sentencia iniciados para el cobro de deudas derivadas de tarjetas de crédito, préstamos personales, descubiertos bancarios, créditos prendarios, hipotecarios y otras operaciones de financiamiento al consumo.
Entre sus fundamentos, Exeni sostiene que el crédito dejó de utilizarse principalmente para la adquisición de bienes y pasó a convertirse en una herramienta para afrontar gastos esenciales como alimentos, medicamentos, alquileres, combustibles y servicios públicos.
El legislador advierte además sobre un incremento sostenido de la morosidad de las familias, particularmente en las provincias del NOA, y sostiene que la situación configura una emergencia social que requiere una intervención legislativa.
Según el texto, la suspensión tendría carácter temporal y procesal, por lo que los acreedores conservarían sus derechos de cobro una vez concluido el plazo de emergencia.