Ley de Salud Mental: su reforma podría implicar retrocesos
El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Salta expresó su preocupación por el proyecto de modificación de la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657, vigente desde 2010, al considerar que la iniciativa podría representar un retroceso en materia de derechos humanos y en el modelo de atención comunitaria que rige actualmente en el país.
A través de un pronunciamiento institucional, la entidad recordó que la normativa vigente nació en el marco de un proceso histórico de transformación de la atención en salud mental, orientado a abandonar el paradigma del encierro y promover la inclusión social de las personas con padecimientos mentales.
En ese sentido, destacó que la ley consolidó un enfoque comunitario, interdisciplinario y basado en derechos humanos, limitando las internaciones a situaciones excepcionales y fortaleciendo la autonomía de los usuarios.
Desde el Colegio señalaron que la ley actual se encuentra en consonancia con instrumentos de jerarquía constitucional, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Código Civil y Comercial de la Nación, que reconocen la capacidad jurídica como regla general y promueven sistemas de apoyo respetuosos de la voluntad de las personas.
Sin embargo, advirtieron que el proyecto de reforma presenta varios aspectos que generan inquietud. Entre ellos, remarcaron la eliminación de la referencia a la Declaración de Caracas, considerada un hito internacional en la transformación de los sistemas psiquiátricos hacia modelos comunitarios y centrados en los derechos humanos.
Otro de los puntos observados es el reemplazo del concepto de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave”, lo que, según sostienen, ampliaría los márgenes de interpretación para las internaciones involuntarias y podría favorecer un incremento de estas prácticas.
También cuestionaron la sustitución del término “padecimiento mental” por “trastorno mental”.
Según explicaron, la primera expresión contempla la dimensión subjetiva y social de la experiencia humana, mientras que la segunda responde a una mirada predominantemente psiquiátrica y psicopatológica.
La entidad profesional manifestó además preocupación por el aumento de la intervención judicial en los procesos vinculados a la salud mental, entendiendo que ello podría desnaturalizar el carácter sanitario de las decisiones terapéuticas.
Respecto de la conformación de los equipos de atención, el Colegio sostuvo que la reforma debilita el abordaje interdisciplinario al reducir los equipos a dos profesionales y exigir que uno de ellos sea psiquiatra.
A su criterio, esta disposición genera tensiones entre disciplinas y presenta dificultades de aplicación en gran parte del país, debido a la escasez de especialistas en psiquiatría fuera de los grandes centros urbanos.
Asimismo, advirtieron que ampliar las posibilidades de internación sin fortalecer simultáneamente la red comunitaria de atención podría traducirse en una mayor institucionalización de las personas sin garantizar una mejora real en los cuidados.
Financiamiento
Uno de los cuestionamientos centrales apunta a la ausencia de referencias presupuestarias en el proyecto de reforma. El Colegio recordó que la ley vigente establece como objetivo destinar el 10% del presupuesto de salud al área de salud mental, aunque afirmaron que en la práctica apenas se ejecutó alrededor del 2%. Según señalaron, las dificultades para implementar plenamente la normativa no se deben a fallas conceptuales del modelo, sino a la insuficiencia de recursos. En ese marco, enumeraron la falta de profesionales capacitados, dispositivos especializados, móviles adecuados para traslados en situaciones de crisis y programas de capacitación continua.
A ello sumaron el impacto de la inflación y las demoras en los pagos, factores que, aseguran, complican aún más el funcionamiento de los equipos que trabajan en un contexto de creciente complejidad de las problemáticas de salud mental.