Guido Pozo Ruiz aseguró que fue despedido tras quedar involucrado en una maniobra de ciberdelito ocurrida en octubre de 2025. Afirma que actuó por instrucciones de su superior, que la causa no avanzó en la Justicia y que la empresa nunca le brindó respuestas.
Un ex trabajador de EDESA hizo pública una grave denuncia en la que asegura haber sido víctima de una estafa informática mientras cumplía funciones en la empresa y sostiene que, lejos de recibir respaldo institucional, terminó despedido y afrontando una deuda millonaria.
El caso se encuentra judicializado desde fines de 2025, aunque, según afirma, hasta el momento no obtuvo respuestas ni de la Justicia ni de la distribuidora eléctrica.
Se trata de Guido Ernesto Pozo Ruiz, quien durante más de cinco años se desempeñó en el área administrativa del sector de pagos de EDESA.
A través de una publicación en redes sociales y de una denuncia penal, relató una serie de hechos que involucran a quien era su jefe directo.
De acuerdo con la denuncia, el episodio se originó el 29 de octubre de 2025, cuando la empresa realizó el pago de una factura a Edenor.
Según Pozo Ruiz, posteriormente fue contactado a través de Facebook por personas que se presentaron como representantes de la compañía eléctrica y le informaron sobre un supuesto inconveniente en la imputación del pago.
El ex empleado aseguró que, al día siguiente, recibió una llamada de un hombre que se identificó como integrante del área de soporte de Edenor y que le solicitó datos bancarios personales y de la empresa para realizar una supuesta validación.
Ante su negativa inicial, decidió trasladar la situación a su superior jerárquico.
Según su relato, su jefe tomó contacto con la persona que realizaba la llamada y posteriormente le ordenó continuar con la gestión. Pozo Ruiz sostiene que actuó bajo esa instrucción pese a sus objeciones y que, en medio de la presión ejercida por el supuesto estafador y por su jefe, solicitó un préstamo personal por aproximadamente 17 millones de pesos desde su cuenta bancaria.
Siempre de acuerdo con su versión, llegó a concretar una primera transferencia bancaria que formaba parte de las maniobras exigidas por los delincuentes.
Sin embargo, cuando se le pidió realizar una segunda operación, decidió interrumpir el proceso, denunciar el hecho ante el Banco Macro y acudir a la Policía para radicar la correspondiente denuncia penal.
En la presentación judicial, Pozo Ruiz sostiene que el accionar de su superior fue determinante para que la maniobra avanzara y señala que existió un contexto de presión laboral que lo llevó a obedecer instrucciones que consideraba ajenas a sus funciones.
Además, afirma que el jefe de tesorería nunca informó formalmente lo ocurrido a otras áreas de la empresa ni activó protocolos internos de seguridad.
El denunciante también aseguró que, tras el hecho, recibió una propuesta para que EDESA cancelara la deuda generada por el préstamo y luego le descontara el dinero de manera mensual de su salario.
Según indicó, rechazó esa alternativa y decidió elevar el caso a directivos, áreas legales y recursos humanos de la compañía.
Días después, el 4 de noviembre de 2025, fue notificado de su desvinculación sin causa.
Pozo Ruiz sostiene que la decisión estuvo vinculada directamente con el episodio denunciado y cuestionó que no se hayan adoptado medidas contra quienes, a su entender, tuvieron responsabilidad en los hechos.
En un extenso descargo público, manifestó además que la situación impactó severamente en su economía familiar.
Explicó que es el principal sostén de sus padres jubilados y que uno de ellos atraviesa un tratamiento oncológico y cardíaco de alto costo. Reclamó una investigación profunda sobre lo ocurrido y cuestionó la falta de respuestas institucionales. La denuncia fue radicada bajo las figuras de amenazas y estafa, y quedó en la órbita de la Fiscalía Penal N° 1. Hasta el momento no se conocen resoluciones judiciales.



