Los apagones vuelven a poner bajo la lupa a Transnoa por las fallas en el sistema eléctrico del norte
La transportista eléctrica acumula cuestionamientos por cortes reiterados que afectan a Salta y otras provincias del NOA. Usuarios salteños aportan alrededor de $28.000 millones anuales por el servicio de transporte, mientras crecen los reclamos por falta de inversiones y mantenimiento.
Una nueva falla en el sistema de transporte eléctrico operado por Transnoa expuso la fragilidad del servicio en el norte de la provincia. El pasado domingo, localidades de los departamentos Orán y San Martín quedaron sin energía durante 28 minutos luego de un desperfecto registrado en una línea del tramo San Pedro-Libertador General San Martín, en Jujuy.
La situación de recortes se volvió cotidiana, lo que generó reclamos de usuarios, organismos de control y autoridades provinciales, quienes cuestionan la capacidad operativa de la empresa de transporte energético. Además, remarcan el importante costo: Más del 5% del monto abonado corresponde a este servicio, que en el caso de Salta genera ingresos estimados en unos $28.000 millones anuales.
De ese total, alrededor de $17.000 millones corresponden a Transnoa por la operación y mantenimiento de líneas de alta tensión de 132 kilovoltios, mientras que unos $11.000 millones están vinculados a Transener, responsable de las líneas de extra alta tensión de 500 kilovoltios.
Reclamos y denuncias por los cortes
Los reiterados cortes de energía llevaron al Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta (Enresp) a presentar siete denuncias administrativas ante el organismo nacional de control eléctrico desde octubre de 2025.
En esas presentaciones, realizadas algunas junto a organismos de Jujuy y Tucumán, se cuestionó la disponibilidad de recursos técnicos y logísticos de Transnoa para responder ante fallas en la red. También se planteó una denuncia penal contra integrantes del directorio de la empresa por presuntos delitos económicos.
Uno de los antecedentes más graves ocurrió en septiembre de 2025, cuando habitantes de La Unión y Rivadavia Banda Sur permanecieron una semana afectados por la falta de energía y agua debido a una falla que requirió generación de emergencia.
Ante la situación, el gobernador Gustavo Sáenz reclamó al Gobierno nacional la aplicación de sanciones y auditorías sobre la empresa.
Promesas de inversión y dudas sobre su ejecución
Luego de los reclamos, representantes de Transnoa anunciaron un plan de inversión por 7 millones de dólares para mejorar la estabilidad del sistema eléctrico del NOA.
El proyecto contempla la instalación de redes de fibra óptica de respaldo, renovación de aisladores, incorporación de infraestructura fotovoltaica y un sistema de telecomando remoto que permita detectar y aislar fallas sin depender exclusivamente del traslado de cuadrillas.
Desde el Enresp cuestionaron la capacidad operativa actual de la empresa y señalaron que los recursos humanos y materiales serían insuficientes para atender los más de 6.000 kilómetros de líneas que Transnoa opera en seis provincias.
Hasta el momento no se confirmó el avance efectivo de las obras comprometidas, mientras los cortes continúan registrándose en distintos puntos de la región.
Una empresa con cuestionamientos políticos
Además de las críticas por el servicio, la estructura societaria de Transnoa y Transnea quedó bajo observación luego de cambios en su composición accionaria, con la llegada de empresarios vinculados a distintos sectores políticos, gremiales y deportivos.
La empresa opera redes de alta tensión en diez provincias del norte argentino y concentra una parte estratégica del sistema eléctrico regional.
Los cuestionamientos también alcanzan al esquema regulatorio, ya que informes del organismo nacional de control señalaron que las sanciones aplicadas por fallas en la calidad del servicio fueron consideradas menores frente al impacto de los cortes sobre los usuarios.
Mientras tanto, las interrupciones del suministro continúan generando reclamos en el norte argentino y mantienen abierta la discusión sobre el funcionamiento de una concesión que recibe millonarios recursos por un servicio considerado esencial.