Piden la restitución del Plan Volver al Trabajo que afecta a casi 53 mil salteños
La Cámara de Diputados de Salta aprobó este martes sobre tablas un proyecto de declaración para solicitar al Gobierno de Javier Milei la restitución del programa Volver al Trabajo y de la asignación monetaria que recibían sus titulares.
La iniciativa fue defendida por la diputada Socorro Villamayor, quien advirtió que la eliminación del programa afecta directamente a 52.739 salteños y a alrededor de 900.000 personas en todo el país. “Este proyecto no tiene bandería política, sino que tiene que ver con decisiones políticas que impactan en una determinada población”, sostuvo la legisladora durante el debate.
Villamayor recordó que cada titular percibía una asignación mensual de $78.000 y cuestionó el beneficio fiscal que obtendría la Nación con la supresión de una partida que, según consideró, representa una erogación mínima dentro del presupuesto nacional.
Volver al Trabajo había sido creado por la gestión libertaria para reemplazar parte del antiguo Potenciar Trabajo. Sin embargo, luego de un fallo de la Cámara Federal de San Martín que habilitó su cierre, agosto se convirtió en el primer mes sin el pago de la prestación.
El Ejecutivo nacional propone reemplazar las transferencias por vouchers destinados a cursos de formación laboral
El tratamiento provocó un capítulo de fuerte tensión con el bloque de La Libertad Avanza, cuyos integrantes rechazaron la iniciativa y defendieron la decisión del Gobierno nacional. En sus intervenciones, los legisladores libertarios cuestionaron que el programa se presentara como una política de empleo cuando, según argumentaron, no consiguió insertar formalmente a sus titulares en el mercado laboral. También plantearon que la asistencia económica terminó convirtiéndose en una transferencia permanente y respaldaron el reemplazo por mecanismos de capacitación.
La discusión subió de tono cuando desde LLA recogieron la afirmación de Villamayor sobre el reducido impacto presupuestario del programa y retrucaron que, si la erogación era considerada “ínfima”, la Provincia podría asumirla con recursos propios. Desde los bloques que acompañaron el proyecto respondieron que la responsabilidad corresponde al Estado nacional, que fue quien creó el programa, administró sus fondos y decidió posteriormente eliminarlo.
Además, advirtieron que la supresión no solamente deja sin ingresos a miles de familias, sino que retira más de $4.100 millones mensuales del circuito económico salteño, según estimaciones del ISEPCi.