Vialidad en Salta funciona con apenas el 15% y las rutas quedan a la deriva
Verónica Berlasso, secretaria general del gremio de Vialidad Nacional en Salta, denunció falta de insumos, paralización de obras, deterioro salarial y temor a nuevos despidos. La advertencia coincide con una investigación que reveló que más de $1 billón destinado a la red vial permanece colocado en títulos públicos y plazos fijos. Tolosa Paz llevó el caso a la Justicia y el reclamo llegó a Diputados.
En algunos campamentos de Vialidad Nacional en Salta, los trabajadores deben comprar con su propio dinero el agua potable que consumen durante la jornada laboral. Al mismo tiempo, más de un billón de pesos recaudados para construir, mantener y reparar rutas nacionales permanece colocado en títulos públicos y plazos fijos.
La contradicción sintetiza la situación denunciada por Verónica Berlasso, secretaria general del gremio de Vialidad Nacional en Salta, durante una entrevista realizada por el periodista Héctor Alí para FM Pacífico. “Nosotros hace dos años que venimos denunciando este tema. Desde hace dos años sufrimos la falta de insumos para poder realizar todos los trabajos que veníamos haciendo. Las consecuencias están a la vista, con las rutas destruidas y totalmente abandonadas”, afirmó.
La sindicalista explicó que el distrito salteño trabaja con apenas entre el 14% y el 15% de los recursos que disponía anteriormente. Esa reducción, sostuvo, impide atender las necesidades de corredores estratégicos como las rutas nacionales 9, 34, 50 y 51, atravesados diariamente por vehículos particulares, colectivos y camiones vinculados con la producción, el comercio y la actividad minera. “En un cien por ciento que veníamos manejando, ahora estamos con un 14% o un 15%. Es imposible trabajar así”, remarcó.
“Ni para pagar el agua”
La falta de recursos ya no afecta solamente las obras de mantenimiento o la compra de materiales. Según relató Berlasso, el ajuste alcanzó necesidades elementales para el funcionamiento de los campamentos y del propio distrito. “Yo contaba la vez pasada que no teníamos para pagar la luz. Hay campamentos donde no llega el agua potable e inclusive en el distrito el agua no es potable. Hoy los compañeros compramos el agua que consumimos”, reveló.
La dirigente aseguró que las obras que estaban en ejecución en la provincia quedaron paralizadas, incluidas aquellas adjudicadas a empresas privadas. También señaló que, sin partidas, insumos ni instrucciones para intervenir, los trabajadores permanecen imposibilitados de cumplir las tareas para las que fueron formados. “¿Qué más queremos nosotros que estar activos y subsanar todos los inconvenientes? Lamentablemente, no contamos con los fondos. Nos atan de pies y manos”, expresó.
El impacto resulta especialmente grave en rutas como la 9 y la 34, que concentran un intenso tránsito de cargas. En el caso de la ruta 51, el deterioro también afecta a uno de los principales corredores vinculados con el crecimiento de la minería en la Puna salteña.
Berlasso advirtió, además, sobre las consecuencias que podría tener la flexibilización de los controles sobre el peso de los camiones. Vialidad utilizó históricamente balanzas para fiscalizar y sancionar los excesos de carga, uno de los factores que aceleran la destrucción del pavimento. “Los pesos excesivos son una de las causas que más rompen las rutas. En la 9 y la 34 tenemos un tránsito impresionante de camiones. Si se desregula y tampoco se controla, las consecuencias van a estar a la vista”, sostuvo.
Más de un billón que no llegó al asfalto
La denuncia gremial tomó mayor dimensión después de conocerse una investigación del periodista Hugo Alconada Mon, elaborada a partir de balances contables, informes oficiales y pedidos de acceso a la información pública.
El relevamiento determinó que, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, el Sistema Vial Integrado —SisVial— recaudó $1.503.252 millones, pero solamente ejecutó $394.406 millones en infraestructura. Es decir, llegó a las rutas apenas el 26,2% de los recursos, mientras la subejecución alcanzó el 73,8%.
Al cierre de mayo, la cartera de inversiones del fideicomiso ascendía a $1.001.018 millones: $854.234 millones estaban colocados en títulos públicos y otros $146.784 millones permanecían en plazos fijos. Además, había $37.761 millones inmovilizados en una cuenta corriente. En total, más de $1,03 billones no llegaron a las obras para las cuales fueron recaudados, según la investigación publicada por La Nación.
El SisVial fue creado mediante el Decreto 976/2001 y recibe una parte del Impuesto a los Combustibles Líquidos que pagan los consumidores cada vez que cargan nafta o gasoil. Su finalidad específica es financiar la construcción, rehabilitación y conservación de la red vial nacional.
El vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que una parte de esos recursos llega a Vialidad y que otra queda bajo administración del Ministerio de Economía para contribuir al equilibrio fiscal. La explicación profundizó la controversia, debido a que se trata de fondos con una asignación legal específica.
Tolosa Paz llevó el caso a la justicia
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del Banco Nación, Darío Wasserman, y autoridades de Vialidad Nacional para que se investigue el destino de los recursos.
La legisladora también impulsó un amparo colectivo destinado a lograr que el dinero recaudado vuelva a las rutas y se reactiven las obras paralizadas, particularmente en las rutas nacionales 3 y 5.
El juez federal Ernesto Kreplak inició el proceso colectivo y reclamó informes al Estado nacional. La presentación sostiene que, pese a existir contratos, recursos del SisVial y financiamiento internacional, las obras quedaron detenidas porque la Nación no aportó la contraparte local comprometida.
Tolosa Paz resumió que de cada cien pesos recaudados mediante el impuesto solamente 26 se aplicaron a las rutas, mientras los otros 74 quedaron en instrumentos financieros. Según su estimación, con el dinero retenido podrían haberse intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros, casi dos tercios de la red vial nacional.
El temor a los despidos
Berlasso vinculó el desfinanciamiento con un proceso de debilitamiento del organismo. El Gobierno había dispuesto la disolución de Vialidad Nacional mediante el Decreto 461/2025, pero la medida fue rechazada posteriormente por ambas cámaras del Congreso y quedó abrogada, de acuerdo con la normativa oficial.
Sin embargo, la dirigente sostuvo que el vaciamiento continúa por otras vías. La aprobación de un nuevo organigrama y el anuncio de un segundo retiro voluntario para fines de agosto o principios de septiembre alimentaron el temor a una nueva tanda de despidos.
“Con este organigrama parece que ningún trabajador va a ser necesario. Después del segundo retiro voluntario tememos que vengan los despidos. Está todo estratégicamente hecho para producir cansancio mental”, denunció.
A la incertidumbre laboral se suma el deterioro salarial. Berlasso señaló que los trabajadores cobran alrededor de un millón de pesos, cuando el gremio calcula que deberían percibir cerca de tres millones para recuperar lo perdido frente a la inflación.
“No tenemos aumentos salariales desde que comenzó este Gobierno. No hay voluntad de diálogo ni siquiera para discutir una recomposición del 5% o del 10%.”, afirmó.
Para Berlasso, el ajuste sobre Vialidad no termina dentro de las oficinas o los campamentos. Su consecuencia final se encuentra sobre el pavimento y alcanza a cada persona que transita las rutas nacionales. “Nosotros veníamos advirtiendo que esto iba a pasar. Cuando las rutas están destruidas, los accidentes aumentan. Hoy vemos las consecuencias casi a diario y, lamentablemente, muchas veces se cuentan en vidas”, concluyó.