El reclamo de personas con discapacidad llegó a Incluir Salud exigiendo respuestas “urgentes”
La situación que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias volvió a expresarse este martes en las puertas de Incluir Salud, donde integrantes de la organización Tribuna Disca reclamaron respuestas urgentes frente a la interrupción de tratamientos, la falta de medicamentos y las dificultades para acceder a alimentos especiales que resultan indispensables para la vida cotidiana de quienes necesitan asistencia permanente.
La manifestación fue convocada después de una reunión realizada la semana pasada en el Centro Terapéutico Sacra, donde familiares de personas con discapacidad compartieron las dificultades que atraviesan para acceder a las prestaciones contempladas dentro del sistema de cobertura. En diálogo con el periodista Héctor Alí para FM Pacífico, Ana Enríquez, referente de Tribuna Disca, describió un panorama de creciente preocupación y sostuvo que los problemas denunciados no solamente continúan, sino que se profundizan ante la falta de respuestas del Estado. “Estamos enojados también con una impotencia tremenda por toda la situación, por todo lo que sigue pasando en el colectivo de la discapacidad”, expresó. La dirigente explicó que la movilización surgió de los testimonios recogidos entre madres, padres y familiares que vienen atravesando demoras prolongadas en la autorización y entrega de elementos esenciales para sus hijos.
Los alcances
Uno de los testimonios más graves recogidos durante la jornada estuvo relacionado con las dificultades para conseguir fórmulas de alimentación especial destinadas a personas que deben recibir nutrientes mediante sondas. Enríquez explicó que existen familias que no reciben la cantidad necesaria de productos y que deben regresar reiteradamente a las oficinas del organismo para intentar completar una provisión que debería garantizarse de manera regular. “Una persona necesita comer todos los días”, afirmó, poniendo el foco sobre la gravedad de una problemática que no admite postergaciones burocráticas. También advirtió que muchos hogares deben endeudarse para adquirir por su cuenta los productos que no reciben, a pesar de tratarse de prestaciones cuya cobertura corresponde al sistema público. La situación resulta especialmente delicada cuando los alimentos requieren formulaciones específicas y no pueden reemplazarse por productos de consumo habitual
Medicamentos y tratamientos que dejan de llegar
La falta de insumos alimentarios no constituye el único problema denunciado. Enríquez señaló que también existen demoras prolongadas en la entrega de medicamentos y otros elementos necesarios para sostener la atención de personas con discapacidad. De acuerdo con su testimonio, algunos trámites se encuentran pendientes desde el año pasado, sin que las familias hayan obtenido soluciones concretas. La referente insistió en que estas interrupciones pueden afectar seriamente la continuidad de los tratamientos, especialmente cuando se trata de personas que requieren medicación permanente o controles especializados. Las familias también denunciaron dificultades para sostener las terapias domiciliarias y las prestaciones brindadas por profesionales particulares. En ese sentido, Enríquez explicó que los atrasos en los pagos provocaron que algunos terapeutas dejaran de trabajar con el sistema o buscaran otras fuentes de ingresos. “Hay muchos de ellos que dejaron de hacer sus prestaciones porque van a trabajar en otro lado”, afirmó.
La responsabilidad del Estado nacional y provincial
Durante la entrevista, Enríquez cuestionó las explicaciones que reciben las familias cuando concurren a reclamar por las prestaciones pendientes. Según relató, la respuesta habitual es que el Gobierno nacional no envía los fondos necesarios y que no existe presupuesto disponible. “Que el gobierno nacional no manda la plata, que no hay presupuesto… y esas son las respuestas que siempre recibimos los familiares de las personas con discapacidad”, señaló. Sin embargo, también remarcó que las responsabilidades no pueden reducirse a una disputa entre administraciones. “Porque no es solamente el gobierno nacional, el programa Incluir Salud también tiene una parte acá que tiene que garantizar el gobierno provincial”, sostuvo.
Otro de los temas abordados fue la situación legislativa de la emergencia en discapacidad y las decisiones adoptadas por el Congreso nacional. Enríquez recordó las movilizaciones realizadas durante los últimos meses para reclamar la implementación efectiva de la legislación y cuestionó los cambios introducidos en el tratamiento parlamentario. “La ley de emergencia en discapacidad la ganamos en la calle, con movilizaciones”, expresó. La dirigente sostuvo que los avances legislativos no se tradujeron en respuestas concretas para las familias y consideró que las modificaciones posteriores representan un retroceso respecto de las demandas originales. Consultada sobre las posibilidades de obtener respuestas a partir de nuevas intervenciones institucionales y eventuales reclamos judiciales, Enríquez manifestó su desconfianza y sostuvo que la organización colectiva seguirá siendo central. “Acá hay que seguir en las calles, hay que seguir luchando porque eso es lo que vamos a seguir haciendo”, afirmó.