La Justicia destrabó transitoriamente el conflicto con anestesistas
El prolongado conflicto entre el Ministerio de Salud Pública de Salta y los profesionales anestesiólogos encontró este martes 3 de noviembre una salida judicial transitoria, después de varias semanas de tensión que afectaron la realización de cirugías programadas en hospitales de la provincia.
En una audiencia celebrada ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 3, a cargo del juez Nicolás Postigo Zafaranich, el Gobierno provincial y la Asociación Salteña de Anestesia, Analgesia y Reanimación (ASAAR) alcanzaron un acuerdo que establece el restablecimiento inmediato del servicio y su continuidad hasta el próximo 30 de noviembre. El entendimiento se produjo en el marco de una acción de amparo promovida por la Provincia contra la entidad profesional, luego de que las negociaciones administrativas no consiguieran resolver las diferencias económicas que dieron origen a la medida de fuerza. Según informó el Poder Judicial salteño, las partes asumieron el compromiso de mantener sin interrupciones la actividad de los quirófanos durante la vigencia del acuerdo. La audiencia contó también con la participación del fiscal civil Agustín Vidal, quien expresó su conformidad con lo convenido.
Las operaciones
suspendidas y el impacto sobre los pacientes
La crisis había comenzado a mediados de octubre y se extendió progresivamente a distintos establecimientos sanitarios, con especial impacto sobre los hospitales del interior provincial.
En Orán, el hospital San Vicente de Paúl acumuló alrededor de 60 cirugías programadas suspendidas durante diez días, según la información difundida por Nuevo Diario. Las intervenciones postergadas correspondían a diferentes especialidades, entre ellas traumatología, cirugía general, pediatría y ginecología. La suspensión de operaciones profundizó las dificultades de pacientes que, en numerosos casos, ya aguardaban desde hacía meses una intervención quirúrgica. Desde ASAAR se había asegurado que las medidas no afectaban las urgencias, emergencias ni la atención prioritaria de mujeres embarazadas, niños y pacientes oncológicos. Sin embargo, la continuidad de esas prestaciones no eliminaba las consecuencias que la interrupción de las cirugías programadas generaba sobre el funcionamiento de los hospitales y las listas de espera.
Mangione y una negociación que terminó en los tribunales
El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, mantuvo una posición de rechazo a la interrupción de las prestaciones y sostuvo que el Gobierno debía garantizar la continuidad de los servicios quirúrgicos. La cartera sanitaria defendió el cumplimiento de sus obligaciones económicas y anticipó que recurriría a mecanismos judiciales si persistía la suspensión de cirugías.
La decisión finalmente se concretó mediante la presentación de un amparo ante la Justicia Civil, que permitió convocar a las partes y establecer compromisos de continuidad asistencial. La judicialización dejó en evidencia que las diferencias entre el Ejecutivo y los anestesistas habían superado la capacidad de resolución de las negociaciones mantenidas hasta ese momento.
Una mesa técnica para discutir los puntos pendientes
El acuerdo alcanzado este martes contempla la realización de una mesa técnica entre el 16 y el 20 de noviembre, integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, delegados de ASAAR y un funcionario del Ministerio de Economía con facultades para tomar decisiones. La incorporación de Economía constituye un aspecto relevante, dado que las principales diferencias están relacionadas con los recursos destinados a financiar las prestaciones, los mecanismos de liquidación y la actualización de los honorarios. La instancia buscará establecer condiciones que permitan evitar una nueva interrupción del servicio una vez vencido el compromiso judicial. No obstante, el acuerdo difundido públicamente no acredita que se haya alcanzado una solución definitiva sobre las diferencias económicas.
El desafío de recuperar las cirugías postergadas
Con la normalización del servicio, los hospitales deberán reorganizar las intervenciones suspendidas durante las últimas semanas y atender el impacto acumulado sobre las listas de espera. El acuerdo representa una respuesta inmediata para pacientes y familias que aguardaban una salida al conflicto, aunque también expone la fragilidad de un sistema en el que las diferencias contractuales entre el Estado y los profesionales pueden traducirse rápidamente en la postergación de prestaciones esenciales. Hasta el 30 de noviembre existe un compromiso formal de continuidad. La discusión de fondo, sin embargo, sigue pendiente. El verdadero alcance del entendimiento dependerá de la capacidad de las partes para transformar la tregua judicial en un acuerdo económico y administrativo sostenible, sin que los pacientes vuelvan a quedar atrapados entre reclamos profesionales y disputas institucionales.