El fiscal Luciani acusa a Cristina Kirchner de liderar una asociación ilícita

Con el reinicio de la actividad en la Justicia tras la feria, el representante del Ministerio Público Fiscal comenzó la primera audiencia del juicio por la obra pública.

Con el cierre de la feria judicial, arrancó en Comodoro Py una nueva audiencia en el marco del juicio Vialidad contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios y el empresario Lázaro Báez. No es una más: se trata del inicio de los alegatos del fiscal Diego Luciani, quien apenas inició su exposición dijo que existió "una asociación ilícita piramidal con los jefes de Estado en la cúspide". 

El fiscal lleva casi cuatro horas de exposición ante el Tribunal Oral Federal N°2. "Lázaro Báez era Néstor Kirchner y Cristina Fernández", lanzó tras comentar que desde "las más altas esferas de poder se definían los pagos hasta los despidos de las empresas de Báez". 

A su vez, se situó temporalmente en la última etapa del entramado de supuesta corrupción, en los últimos días de presidencia de Cristina Kirchner. "Hubo una coartada, un plan para escapar, un plan de impunidad ideado por José López, Lázaro Báez y Cristina Kirchner. Se denominó plan "limpiar todo".

El fiscal muestra una captura de mensajes entre José López y el presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza.

En esa línea, el fiscal expuso las pruebas de las "relaciones de promiscuidad" entre la empresa Austral y los funcionarios del Estado. Mostró un intercambio de mensajes entre el ex secretario de Obras Públicas José López y Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, del 26 de noviembre de 2015. Por ese entonces, faltaban pocos días para que Mauricio Macri asumiera la presidencia.

La reunión, surge de las capturas, no se iba a realizar en una oficina pública, sino que en un hotel del centro porteño.

Tras el cuarto intermedio, el fiscal reanudó su exposición y se enfocó en consideraciones acerca de los conflictos de interés que existieron en el marco del otorgamiento de las obras públicas. A su vez, dio pruebas de cómo impactaba el supuesto favoritismo del Estado sobre las empresas de Báez.

"Cuando mirábamos el expediente no podíamos creer las relaciones promiscuas que existían entre el empresario y los funcionarios provinciales y nacionales. De la declaración de Javier Iguacel surge que (Mauricio) Collareda del distrito Santa Cruz de Vialidad había tenido una relación laboral con Báez", manifestó. 

Luciani también puso el foco en la falta de control de los organismos que debían seguir de cerca los proyectos de obra pública en los que intervenía Austral Construcciones. "El Distrito 23 debía controlar las numerosas obras que se adjudicaban a Báez pero no tenían el personal suficiente para hacerlo teniendo en cuenta la cantidad de obras. El poder político no dotó al organismo del personal necesario", consideró. 

También dijo que "los funcionarios de AFIP que intentaron controlar fueron expulsados para que no entorpezcan la maniobra". 

En tanto, el fiscal también expresó en su alegato que la celeridad no existía en el cumplimiento de los contratos de Báez. "La Dirección Nacional de Vialidad desde el último día de certificación tardaba en promedio 60 días en pagarle a las empresas de Lázaro Báez frente a 207 días que tardaba en pagarle a otras empresas", aseguró.

Tras casi tres horas de exposición, el fiscal solicitó al Tribunal el primer cuarto intermedio. Lo hizo después de describir cómo eran los eslabones secundarios de la supuesta asociación ilícita y qué rol cumplían en el marco de las presuntas maniobras para extraer fondos públicos.

Sobre estos, dijo que la manera en la que intervinieron "sólo se puede interpretar en el afán de cumplir la orden de beneficiar a Lázaro Báez".

En una segunda etapa de su primera exposición, Luciani desarrolló los antecedentes de ex funcionarios como Julio De Vido y José Lopez, ex ministro de Planificación y ex secretario se Obra Pública respectivamente. Se enfocó en el rol que tuvieron en lo que reconoce como una asociación ilícita.

A su vez, contó cómo fue la creación del Ministerio de Planificación Federal y sus objetivos, una cartera clave en el manejo de los proyectos. "Se designó como síndica a Alejandra Minicelli, es decir, se designó en un cargo de tanta relevancia para controlar los recursos del Estado a la pareja del ministro (NdR: De Vido). Esto, además de ser un mensaje nefasto, demuestra que no se podía contar con un control serio y real sino con un claro conflicto de intereses", dijo. 

El fiscal puso a la actual vicepresidenta como jefa de la supuesta asociación ilícita conformada hacia abajo por otros funcionarios como De Vido y López. Si bien sostuvo que "se creó un armazón de personas de absoluta confianza", añadió que "no vamos a juzgar la relación de confianza ni los nombramientos, sino que hemos establecido que estos actos permitieron crear las condiciones necesarias para el plan sistemático de extracción de fondos". 

Asimismo, el fiscal Luciani sostuvo que desde al cúspide de la pirámide había poder necesario para influir en la designación de funcionarios necesarios en el ámbito provincial producto del paso de Néstor Kirchner como gobernador. 

"El relato era hacer rutas, pero la realidad era extraer fondos públicos con una estructura de funcionarios que iban a brindar su aporte a la organización ilegal", indicó. 

De entrada, el fiscal tomó la palabra y lanzó cuestionamientos en al menos dos ocasiones a la Unidad de Información Financiera (UIF), cuyos abogados vienen de pedir el sobreseimiento de la vicepresidenta. 

Mientras tanto, el fiscal enumeró una serie de afirmaciones tales como que "se acreditó el direccionamiento y la cartelización de la obra pública", al tiempo que acusó que "la competencia (entre empresas en licitaciones) fue una ficción". Asimismo, dijo que hubo 17 licitaciones que no pasaron por el Congreso y que se contrataron obras en Santa Cruz con sobreprecios y se otorgaron a Austral Construcciones a pesar de que "no tenía capacidad de contratación". 

Y siguió con sus cuestionamientos a Báez: "Alguien que no era empresario ni tenía experiencia o conocimientos técnicos financieros como la ingeniería civil-vial logró conformar un conglomerado que sería beneficiario de 51 de 83 contrataciones de obra pública en Santa Cruz".

La UIF pidió absolver a Cristina Kirchner y los otros acusados

El funcionario también dijo que "cualquier empresario de la construcción sabe que escapa a toda lógica que una persona pudiera hacerse acreedora del 78,4% de la obra pública vial en Santa Cruz, casualmente o causalmente en una provincia manejada por quien asumía en 2003 como presidente", en relación a Néstor Kirchner. 

Sobre las obras que el juicio tuvo bajo la lupa, casi una hora después de haber iniciado dijo que de un total de 51 hubo tres que fueron terminadas en tiempo y forma y que fueron remediaciones de canteras. "Solo 27 de esas 51 fueron culminadas, pero 24 tuvieron demoras severas, con retrasos injustificados. En algunos casos las demoras superaron los límites imaginables: más de 10 años en obras que debían durar dos o tres", especificó.

En relación a las demoras, dijo que en total se contabilizaron 700 meses de prórroga entre todas las obras. "Hubo un perjuicio patrimonial extraordinario al Estado nacional", afirmó. 

Con un tono de fuerte vehemencia, el funcionario del Ministerio Público sostuvo que "vamos a hacer un análisis de las 51 licitaciones públicas" que estuvieron bajo la lupa de la causa. A su vez, agregó que a lo largo de las próximas audiencias argumentará su hipótesis de que "la corrupción se presentó con comportamiento habitual, no eran prácticas aisladas sino que fueron hechos gravísimos que perduraron en el tiempo". 

En esa línea, Luciani inmdicó que en el marco de la organización "hubo distribución de funciones, mínima dirección y cierta jerarquía". También manifestó en los primeros minutos de su exposición que "lo que ocurrió en Santa Cruz con la obra pública debe ser entendido como un caso paradigmático de la corrupción (ya que) se violaron los principios más básicos de toda contratación publica".