Salta

Celebran fallo judicial que frena la baja del programa Volver al Trabajo

El diputado provincial Edgar Domínguez y el concejal de Tartagal, Emanuel Gallardo, celebraron la decisión de la Justicia federal que ordenó mantener el pago del programa Volver al Trabajo.

La resolución fue dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien hizo lugar a un amparo y dispuso que el Ministerio de Capital Humano continúe con el pago de los $78.000 mensuales que perciben los titulares del programa, monto que no se actualiza desde noviembre de 2023.

En ese marco, Domínguez destacó el impacto de la decisión judicial y remarcó el trabajo político previo en defensa del programa.

El legislador recordó que la Cámara baja provincial había aprobado recientemente un pronunciamiento de repudio contra la decisión del Ejecutivo nacional de eliminar el programa. Según explicó, la medida afectaba directamente a miles de familias salteñas.

Ante la situación, Domínguez criticó duramente al gobierno nacional, y lo calificó como “sin sensibilidad y deshumanizado”.

El diputado también remarcó la importancia de que las instituciones representativas se expresen frente a decisiones que afectan a la población.

Si bien valoró el fallo judicial, Domínguez planteó que la solución de fondo debería provenir del propio Gobierno nacional.

Por su parte, el concejal Gallardo remarcó que presentó un repudio dentro del recinto deliberativo de Tartagal. El proyecto, de declaración, recibió la oposición de los ediles libertarios.

Ante ello, vecinos se manifestaron en los alrededores del Concejo Deliberante, apoyando al repudio a la eliminación del programa y marcando el duro golpe que implica la decisión nacional para las economías locales.

En ese sentido, el edil remarcó la importancia del trabajo junto a la Cámara de Diputados y también celebró la decisión de la Justicia Federal.

El programa Volver al Trabajo alcanza a unos 950 mil beneficiarios en todo el país y constituye una herramienta de asistencia económica en sectores vulnerables. En Salta, su continuidad es necesaria para sostener a más de 50 mil salteños y mantener el consumo en las economías locales.

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