Con supuestos delitos sin investigar, retoman hoy las audiencias de juicio al ex intendente Gonza
El proceso se inició el 11 de febrero en el Salón de Grandes Juicios. También están imputados el exsecretario de Hacienda Rogelio Guaymás y el concejal Aldo Dalmiro Gonza por delitos contra la administración pública.
El debate continúa hoy con la recepción de nuevas pruebas testimoniales.
En la última audiencia declaró un testigo y se incorporó un informe contable elaborado por una perito del CIF.
Las audiencias se desarrollarán tres veces por semana, según dispuso el tribunal.
El juicio contra el exintendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza, que comenzó el pasado 11 de febrero en el Salón de Grandes Juicios, continuará esta semana con la recepción de nuevas pruebas testimoniales.
En el proceso también están imputados el ex secretario de Hacienda de esa comuna, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza, todos acusados por delitos en perjuicio de la administración pública.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el actual jefe comunal de San Lorenzo, quien tras asumir su primer mandato dispuso la realización de una auditoría externa sobre la gestión de su antecesor.
El informe final habría detectado numerosas inconsistencias en el manejo de los recursos municipales, lo que dio lugar a la investigación penal.
Según consta en la causa, el ex jefe comunal habría incumplido reiteradamente las normativas que regulan el sistema financiero y de gestión de la administración pública municipal. De acuerdo con el decreto de imputación, junto a los coimputados habrían dispuesto de manera discrecional de recursos municipales sin observar las normas vigentes, lo que habría derivado en un grave perjuicio al erario municipal.
Estas maniobras habrían facilitado el manejo a voluntad de los fondos públicos, sumado a la falta de rendición de cuentas al término de su mandato.
Con la recepción de nuevas pruebas testimoniales se reanuda hoy el debate oral.
En la última audiencia compareció un testigo y además se incorporó un informe contable elaborado por una perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).
A pedido de las partes, las audiencias se desarrollarán el lunes, miércoles y viernes de la próxima semana, desde las 9.30.
El juicio se desarrolla ante un tribunal colegiado integrado por los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Francisco Mascarello. Por el Ministerio Público interviene la fiscal Claudia Geria.
En representación de la Municipalidad de San Lorenzo, en carácter de querellantes, actúan Juan Casabella Dávalos y Débora Ramírez, apoderada de la comuna. La defensa del acusado Rogelio Guaymás está a cargo de Juan Diego Herrera, mientras que la de los hermanos Gonza es ejercida por Roberto
Lo que no se investigó
El juicio que se sigue al exintendente de San Lorenzo, Ernesto “Kila” Gonza, generó en la ciudadanía salteña algo más que expectativa judicial: provocó una especie de desahogo frente al hartazgo acumulado por años de sospechas sobre la administración pública en los municipios de la provincia. Un clima que, en muchos casos, se alimenta también de denuncias, versiones y publicaciones que circulan en distintos portales y redes sociales.
En este juicio, la relevancia del proceso judicial expone distintas miradas en la sociedad. Están quienes sostienen la inocencia del exintendente, quienes ya formaron una convicción sobre su responsabilidad y también un sector que observa el juicio con cierta distancia crítica, convencido de que no todos los aspectos de la gestión municipal habrían sido investigados.
Ernesto Fernando “Kila” Gonza está imputado como autor de los delitos de peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función, todos en concurso real.
En la causa también se encuentran imputados el contador Rogelio Guaymás, acusado de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y Aldo Dalmiro Gonza, señalado como partícipe necesario en el delito de peculado.
Por la función que ejercía, el exintendente aparece naturalmente como la figura central del proceso. Sin embargo, en distintos ámbitos vinculados a la vida política y social de San Lorenzo se mencionan desde hace tiempo otras posibles operaciones o decisiones administrativas que no forman parte de las maniobras que hoy se ventilan en el juicio.
Entre esos comentarios recurrentes aparece, por ejemplo, la presunta provisión de medicamentos al municipio por parte de una conocida farmacia del casco céntrico durante un período prolongado cuyo propietario habría entregado medicamentos durante un tiempo extenso a la intendencia que manejaba Gonza, con dos agravantes: nunca se habría realizado una licitación pública para dicha provisión y segundo: tampoco se habrían entregados los medicamentos que sí habrían sido facturados y cobrados en tiempo y forma.
Según esas versiones, la operatoria habría generado interrogantes sobre los mecanismos de contratación y la efectiva recepción de los insumos ya que tampoco habría sido investigado ni citado el titular de esa farmacia, como parte necesaria en la comisión del supuesto delito.
Sin embargo, ese tema no forma parte de la investigación judicial actualmente en curso ni del listado de hechos que integran la acusación formal.
Y es precisamente allí donde aparece la percepción de una parte de la ciudadanía: la sensación de que el proceso judicial puede terminar resolviendo responsabilidades penales sobre determinados hechos, pero dejando otros interrogantes sin respuesta.
En materia judicial, la verdad procesal siempre está delimitada por lo que se investiga.
Y lo que no se investiga, simplemente queda fuera del expediente, y así no se hace justicia.
En síntesis, la Justicia, lo que se juzga es lo que está en el expediente. Lo que queda afuera… simplemente no existe.