Domiciliaria para el abogado Pedroza, acusado de estafas millonarias en Salta
La investigación por la presunta estafa en la comercialización de terrenos inundables e inhabitables en la zona del río Arias sumó nuevos avances esta semana, cuando el abogado penalista Santiago Pedroza, fue detenido en plena vía pública en la tarde noche del miércoles y ayer se le otorgó la prisión domiciliaria.
Realizada la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra Pedroza y de un allanamiento realizado en su estudio jurídico del centro salteño, la semana anterior, se determinó el pedido de detención por parte de los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio y Esteban Martearena, quienes integran la Unidad Fiscal que lleva adelante la causa, representaron al Ministerio Público Fiscal.
La acusación contra Pedroza está centrada en la presunta comisión de los delitos de estafa en 40 hechos y asociación ilícita.
Durante la audiencia, los fiscales detallaron la calificación legal, los hechos atribuidos al imputado, el grado de participación que se le adjudica y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las maniobras investigadas, además de exponer los elementos de prueba reunidos hasta el momento.
La causa se originó a partir de la denuncia de un hombre de 35 años que aseguró haber sido engañado en la compra de un lote en Atocha.
Según se investiga, las maniobras comenzaron en 2023 tras una ocupación ilegal de terrenos ubicados a la vera del río Arias. Luego del desalojo policial, un abogado se habría presentado ante las familias ofreciendo asesoramiento legal y la posibilidad de acceder a terrenos. De acuerdo con la investigación, unas 400 personas habrían resultado damnificadas. Los montos abonados iban desde los 500 mil pesos hasta cifras cercanas a los 8 millones por familia. Los pagos se realizaban en efectivo o mediante transferencias, tanto en domicilios particulares como en el estudio jurídico del profesional, con entrega irregular de comprobantes.
El pasado 16 de abril, un grupo de damnificados acudió a Casa de Gobierno, donde autoridades provinciales informaron que las gestiones atribuidas al abogado no tenían sustento legal, que no existían trámites registrados ante organismos como Recursos Hídricos o Tierra y Bienes y que los recursos judiciales mencionados habían sido rechazados.
Asimismo, desde Tierra y Bienes advirtieron que podría tratarse de una maniobra fraudulenta y recomendaron radicar las denuncias correspondientes. También se confirmó que los terrenos ofrecidos se encuentran en una zona inundable y no apta para asentamientos humanos. Con esas denuncias se allanó el buffet de Pedroza en calle Córdoba al 200.
La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías 3 y ejecutada por personal del Grupo Investigativo del Sector Oeste de la Policía. A pedido de los fiscales, el procedimiento contó además con la presencia de un profesional veedor del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta.
Tras formalizarse la investigación penal preparatoria, la Unidad Fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado por considerar que existen riesgos procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta además la expectativa de pena.
También requirieron la realización de informes psicológicos, psiquiátricos y ambientales del acusado, así como la extracción de información de los teléfonos celulares secuestrados, especialmente vinculada a las comunicaciones mantenidas con denunciantes y posibles coimputados.
Luego de escuchar a las partes, la jueza Victoria Montoya Quiroga dispuso que Pedroza permanezca con arresto domiciliario y custodia policial fija hasta que se le coloque una tobillera electrónica.
Entre las restricciones impuestas, se le prohibió mantener contacto por cualquier medio con denunciantes o coimputados, así como realizar declaraciones públicas o publicaciones en redes sociales vinculadas a la causa.
La magistrada también aceptó una caución personal ofrecida por la pareja del imputado y una caución real consistente en un inmueble que quedará sujeto a embargo preventivo.
Finalmente, desde la Unidad Fiscal reiteraron el pedido para que todas aquellas personas que consideren haber sido perjudicadas por maniobras similares se presenten en la Delegación San Lorenzo con comprobantes de pago y documentación respaldatoria para incorporarse a la investigación.