El conflicto de Las Pailas y el vacío que dejó el fin de la emergencia territorial indígena
El conflicto territorial en Las Pailas, en el departamento Cachi, escaló en las últimas horas de un expediente civil por tierras a una denuncia pública por violencia institucional, vulneración de derechos indígenas y riesgo humanitario para familias que habitan ancestralmente el paraje San Gabriel.
La Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas denunció que el operativo de desalojo ejecutado el viernes 12 de junio y continuó durante el fin de semana, no solo afectó a una familia alcanzada por una causa judicial iniciada en 2010, sino que avanzó sobre otras familias, viviendas, cultivos, animales, herramientas de trabajo y bienes de valor comunitario.
El caso estalló en un marco preocupante como el fin de la emergencia territorial indígena. Cabe recordar que la Ley 26.160, sancionada en 2006, había suspendido los desalojos sobre tierras ocupadas por comunidades originarias mientras se realizaban relevamientos técnico-jurídico-catastrales. Esa protección quedó sin efecto tras el Decreto 1083/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que declaró finalizada las sucesivas emergencias en materia de posesión y propiedad comunitaria, y en una provincia como Salta, donde la presencia indígena es central en la composición social, cultural y territorial, la caída de ese paraguas legal abrió una etapa de fuerte incertidumbre.
Las Pailas aparece ahora como uno de los conflictos que mejor muestra ese nuevo escenario a futuro: causas antiguas que vuelven a activarse, comunidades con relevamientos inconclusos o disputados, propietarios que reclaman el derecho registral sobre la tierra, sumado a un Poder Judicial obligado a resolver sin reducir la cuestión a un trámite de desocupación.
Marchas en Salta y Cachi
Tras el operativo, la comunidad y organizaciones acompañantes convocaron a movilizaciones en la ciudad de Salta y en Cachi. Bajo la consigna “Basta de desalojos”, el reclamo se expresó este lunes 15 de junio en la Plazoleta Cuatro Siglos, en la capital provincial, y también en la plaza central del pueblo de Cachi, donde integrantes de la comunidad se concentraron para visibilizar la situación y exigir el cese de las medidas sobre el territorio.
Desde allí, Ulises Yáñez, referente de la Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas y vocal por el pueblo diaguita en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, dialogó con Nuevo Diario y describió el momento como una resistencia territorial frente a un operativo que, según denunció, continúa rodeado por presencia policial.
“Estamos movilizados, pendientes, resistiendo por este hecho violento que ocurrió el viernes en nuestra comunidad”, expresó Yáñez. Dijo que la concentración en Cachi busca “visibilizar la lucha” y exigir que el Estado cumpla con “la aplicación del derecho indígena”. También recordó que la comunidad entiende su reclamo como parte de un legado ancestral vinculado a las resistencias de los pueblos originarios del NOA.
“No es un capricho nuestro. Estamos exigiendo un derecho, y ese derecho se tiene que cumplir”, sostuvo. Según Yáñez, el Estado nacional reconoció oportunamente la posesión actual, pública y tradicional del territorio en el marco de la Ley 26.160. Esa afirmación es uno de los núcleos centrales del conflicto: para la comunidad, el territorio ya fue reconocido como espacio de ocupación ancestral; para la contraparte, ese reconocimiento fue irregular y posterior al inicio del litigio.
El operativo y las denuncias de violencia institucional
La comunidad denunció que el operativo se realizó con un despliegue policial desproporcionado. En distintos testimonios se habló de Infantería, efectivos de la Policía de Salta, cortes de accesos y restricciones a la circulación dentro del territorio. Yáñez sostuvo que la presencia de uniformados tuvo un efecto de intimidación sobre familias, niños, jóvenes y personas mayores.
“Se visibilizó en redes sociales, a través de videos, imágenes y fotos, cómo hicieron daño psicológico a nuestros hermanos, a los chicos, a los jóvenes, a nuestros mayores. Fue una violencia terrible, una violencia institucional que surge a partir del Estado”, señaló a Nuevo Diario.
El referente diaguita también afirmó que la zona fue “militarizada” y que durante varios días continuó el arribo de Infantería y policías. “Eso es violento, es una violencia ejercida desde el Estado que nos preocupa y deja a las claras que no se está garantizando el derecho indígena”, sostuvo.
Sostiene la comunidad que el desalojo afectó viviendas, cosechas, animales, herramientas de trabajo y medios de subsistencia. También denunciaron que se retiraron pertenencias familiares y bienes de valor cultural, entre ellos una vasija ancestral. Para las familias, no se trató solo de una medida judicial sobre una ocupación discutida, sino de una ruptura material y simbólica sobre una forma de vida campesina e indígena sostenida durante generaciones.
Una causa de 2010 que volvió a activarse
El conflicto judicial se originó en el expediente “Wayar vs. Mamaní s/ Desalojo”, iniciado en 2010. De acuerdo con la versión de la comunidad, la causa estuvo vinculada a un contrato de arriendo que, según sus referentes, era una práctica impuesta históricamente a familias originarias por titulares registrales de tierras que esas mismas familias ocupaban de manera ancestral.
Yáñez explicó a Nuevo Diario que el proceso involucra a la familia de don Agustín Mamaní, integrante de la comunidad, y se ubica en el paraje San Gabriel, a unos 13 kilómetros del pueblo de Cachi. Señaló que en 2013 el desalojo fue frenado por la aplicación de la Ley 26.160 y que, tras años de escaso movimiento, la causa volvió a reactivarse.
La comunidad asegura que presentó pedidos de prescripción del expediente, solicitó su participación formal en la causa y requirió la intervención de organismos competentes en materia indígena. Entre ellos, el IPPIS, la Subsecretaría de Asuntos Indígenas de la Provincia y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Según la denuncia comunitaria, esos planteos no fueron admitidos por el juzgado.
La jueza interviniente es María Fernanda Diez Barrantes, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 5ª Nominación. La Red contra la Violencia Institucional de Salta denunció públicamente a la magistrada y sostuvo que la medida desconoció presentaciones clave realizadas por organismos vinculados al derecho indígena.
Afirmó que la decisión negó a la comunidad su derecho a defensa.
Lo que queda bajo los escombros
El saldo del operativo todavía se discute en el plano judicial, político y comunitario. La comunidad habla de seis familias afectadas, cultivos destruidos, animales retirados, hogares vulnerados y daños psicológicos. La contraparte sostiene que se ejecutó una orden judicial largamente demorada.
Mientras tanto, Las Pailas permanece en resistencia. Las marchas en Salta y Cachi muestran que el conflicto ya salió del expediente y entró en la agenda pública. En el centro de la discusión no hay solamente hectáreas, contratos o matrículas catastrales. Hay una pregunta de fondo sobre qué hace el Estado cuando la propiedad privada se cruza con derechos colectivos reconocidos constitucionalmente.
La escena, por brutal, resume una época: en Las Pailas, al pie del Nevado de Cachi, la disputa no terminó con el retiro de pertenencias ni con la firma de una orden judicial. Recién empieza a mostrar su verdadera dimensión.