El IPPIS rechazó el proyecto de ley de extranjerización de la tierra y se declaró en alerta permanente
El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta cuestionó la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y advirtió que podría afectar los derechos territoriales, culturales y comunitarios de las comunidades originarias. También pidió a los senadores nacionales por Salta que rechacen el proyecto cuando sea tratado en el Congreso.
El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) expresó su “firme y absoluto rechazo” al proyecto de ley denominado “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, y declaró el estado de alerta permanente ante lo que considera una posible afectación de los derechos de las comunidades indígenas.
A través de un comunicado, el Consejo Directivo del organismo sostuvo que la iniciativa podría generar consecuencias sobre la protección de los territorios comunitarios y advirtió que, bajo argumentos vinculados con la seguridad jurídica y el funcionamiento del mercado, se podría desconocer la particularidad de la propiedad comunitaria indígena.
Según planteó el IPPIS, el proyecto podría habilitar mecanismos de desalojo y avanzar sobre una mayor desregulación en materia de venta de tierras. Para el organismo, esto podría profundizar los conflictos territoriales existentes y poner en riesgo la continuidad física, cultural y territorial de las comunidades indígenas de Salta.
El planteo del IPPIS
El instituto provincial sostuvo que la iniciativa entraría en tensión con normas que reconocen y protegen los derechos de los pueblos indígenas tanto a nivel internacional como nacional y provincial.
Entre las normas mencionadas figura el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que reconoce los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras que tradicionalmente ocupan y establece la obligación de garantizar procesos de consulta previa, libre e informada ante medidas que puedan afectarlos.
El comunicado también cita la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, particularmente las disposiciones vinculadas con el derecho de las comunidades a poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos.
En el ámbito nacional, el IPPIS hizo referencia al artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y establece garantías respecto de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.
El organismo también mencionó las disposiciones del Código Civil y Comercial relacionadas con la protección de las tierras comunitarias indígenas.
A nivel provincial, el instituto recordó que el artículo 15 de la Constitución de Salta reconoce y garantiza los derechos de los pueblos indígenas a su identidad y a la propiedad de sus tierras comunales.
Pedido a los senadores por Salta
Frente al avance de la iniciativa, el IPPIS se declaró en “estado de alerta permanente” y reclamó a los senadores nacionales que representan a Salta que defiendan el marco constitucional vigente y rechacen el proyecto durante su tratamiento en el Congreso de la Nación, previsto para el próximo 6 de agosto, según el comunicado.
El organismo sostuvo que la discusión no debe limitarse a cuestiones vinculadas con la propiedad privada o la seguridad jurídica, sino que debe contemplar los derechos específicos reconocidos a los pueblos indígenas sobre sus territorios.
“El territorio no se vende, se defiende”, expresó el IPPIS al cerrar su pronunciamiento, acompañado por un llamado a preservar la vida, la dignidad y la autonomía de las comunidades indígenas.
Desde el instituto remarcaron además que no permitirán, según expresaron, que la seguridad jurídica vinculada a negocios inmobiliarios y financieros se construya sobre el “destierro y el olvido de los primeros habitantes” del territorio.