Salta

La comunidad de Las Pailas denunció irregularidades judiciales y cuestionó el operativo de desalojo

Ulises Yañez, representante de la comunidad diaguita de Las Pailas, aseguró que la orden judicial contemplaba el desalojo de una fracción menor del territorio, pero terminó afectando a varias familias. Además, acusó a la Justicia de ignorar documentación oficial que reconoce la ocupación ancestral de la comunidad.

La comunidad indígena de Las Pailas volvió a cuestionar el accionar de la Justicia salteña tras el operativo realizado días atrás en la zona de Cachi. En diálogo con el programa Hora de Voces de FM Ya 91.3, el representante comunitario Ulises Yañez sostuvo que la ejecución de la medida estuvo plagada de irregularidades y denunció que se avanzó sobre familias que no estaban contempladas en la sentencia original.

Según explicó, el conflicto territorial se remonta a décadas y tiene antecedentes judiciales desde 2010, cuando se iniciaron demandas de desalojo contra familias que habitan históricamente la zona. Yañez remarcó que la comunidad sostiene una posesión ancestral sobre esas tierras y que el fondo de la disputa enfrenta ese derecho con el reclamo de quienes figuran como titulares registrales.

Cuestionamientos a la ejecución de la sentencia

El dirigente indígena señaló que la sentencia judicial hacía referencia al desalojo de una fracción de cuatro hectáreas dentro de una matrícula mayor, pero cuestionó que la orden de ejecución se haya extendido a un sector mucho más amplio y alcanzara a varias familias de la comunidad.

En ese sentido, adelantó que el equipo jurídico de la comunidad avanzará con nuevas presentaciones judiciales para cuestionar la legalidad del procedimiento y exigir explicaciones sobre los criterios utilizados para ampliar el alcance de la medida.

Acusan a la Justicia de ignorar pruebas y relevamientos oficiales

Yañez también apuntó contra la jueza María Diez Barrantes, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 5, a quien acusó de no haber considerado la documentación presentada por distintos organismos estatales vinculados a los pueblos originarios.

Entre esos antecedentes mencionó actuaciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), de la Subsecretaría de Asuntos Indígenas y del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), que reconocen la existencia de la comunidad y su ocupación tradicional del territorio.

Reclaman herramientas legales para evitar nuevos conflictos

Por otra parte, el referente comunitario advirtió sobre la falta de mecanismos legales vigentes para prevenir este tipo de situaciones. Recordó que la Ley Nacional 26.160, que suspendía los desalojos de comunidades indígenas, dejó de estar vigente y señaló que también vencieron normas provinciales orientadas a la regularización dominial de familias con posesión histórica.

A su entender, tanto la Nación como la Provincia deben avanzar en soluciones de fondo para evitar que estos conflictos vuelvan a repetirse.

El impacto en las familias y la decisión de permanecer

Finalmente, Yañez describió el impacto social y emocional que dejó el operativo en las familias afectadas.

La comunidad está muy angustiada. No es la primera vez que vivimos una situación así. Nuestros mayores también sufrieron desalojos cuando no conocíamos nuestros derechos. Hoy sentimos que se está vulnerando nuevamente nuestra seguridad jurídica”, expresó.

A pesar del escenario judicial adverso, aseguró que las familias mantendrán el reclamo por la permanencia en el territorio.

Nuestros abuelos, nuestros padres y nuestros ancestros vivieron allí. Los hermanos han decidido seguir sosteniendo la posesión y permanecer en esos lugares”, concluyó.

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