Milei anunció sanciones, una base naval y reclamó unidad nacional en torno a Malvinas
Javier Milei anunció este jueves por la noche en cadena nacional un paquete de medidas para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y responder al avance del proyecto petrolero Sea Lion, que pretende explotar recursos naturales en el área sin autorización del país.
Acompañado por todo su Gabinete, sostuvo que las islas “son argentinas por historia y por derecho” y convocó a construir una política de unidad nacional alrededor de la soberanía.
Entre las primeras decisiones, confirmó la firma de un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios contemplados en la Ley 26.659. La norma obligará a los organismos estatales a remitir a la Cancillería la información sobre posibles incumplimientos y buscará mejorar la coordinación necesaria para actuar contra las compañías que participen directa o indirectamente de proyectos hidrocarburíferos en la zona en disputa.
El Gobierno también incorporará declaraciones juradas en los trámites relacionados con los hidrocarburos y en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones —RIGI—. El objetivo será impedir el acceso a esos beneficios de empresas que exploten recursos de la Plataforma Continental Argentina sin reconocer la soberanía nacional.
Reforma legal y mayores sanciones
Milei anticipó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluirá una modificación de la Ley 26.659 para endurecer las sanciones penales y administrativas. Los castigos no alcanzarían solamente a quienes realicen actividades petroleras en el área de Malvinas, sino también a las empresas que les proporcionen financiamiento, servicios o asistencia.
La iniciativa propondrá además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar políticas entre distintas áreas del Estado. El organismo tendrá intervención en la protección de infraestructuras críticas y en la elaboración de estrategias de vigilancia aeroespacial y marítima.
Otro de los anuncios fue la asignación de mayores recursos al Ministerio de Defensa para avanzar con la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia y ampliar las capacidades nacionales en materia de telecomunicaciones. Según el Presidente, la intención es fortalecer la presencia argentina y convertir al país en un polo logístico estratégico del Atlántico Sur.
Durante el mensaje, Milei aseguró que su administración obtuvo 18 resoluciones y declaraciones internacionales favorables al reclamo argentino y presentó más de 60 protestas formales frente a acciones unilaterales británicas. También afirmó que Donald Trump señaló que Estados Unidos estaría “reevaluando” su posición histórica respecto de Malvinas, aunque no precisó si existe una decisión formal de Washington en ese sentido.
El uso de la única causa que cohesiona a los argentinos
Los anuncios se apoyan en una amenaza concreta: el proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de un recurso no renovable dentro de un territorio cuya soberanía permanece en disputa. Sin embargo, Milei envolvió esas medidas en una operación discursiva más amplia: se colocó personalmente al frente de la única causa capaz de reunir a una sociedad profundamente enfrentada.
La escena tuvo una construcción precisa. La cadena nacional, el Gabinete completo y la reiteración de conceptos como “patria”, “amenaza”, “futuro” y “unidad” buscaron asociar la defensa de Malvinas con el liderazgo presidencial. El riesgo de esa estrategia consiste en instalar una falsa equivalencia: apoyar la causa nacional sería acompañar a Milei, mientras que cuestionar sus decisiones podría interpretarse como quedar del lado contrario.
Esa apropiación simbólica resulta todavía más llamativa por los antecedentes del mandatario. Milei se declaró admirador de Margaret Thatcher, cuyo gobierno ordenó el ataque contra el ARA General Belgrano, en el que murieron 323 argentinos. También habló de lograr que los habitantes de las islas “prefieran ser argentinos”, una formulación cercana a la autodeterminación invocada por el Reino Unido. A ello se sumó la expresión de la ministra Alejandra Monteoliva, quien durante el Mundial se refirió a la silueta de Malvinas como “el mapita de las islas”.
Las medidas anunciadas podrán ser respaldadas, debatidas o mejoradas en el Congreso sin que eso implique entregar al Gobierno la propiedad política del reclamo. Malvinas constituye una política permanente del Estado y un mandato constitucional: puede unir a los argentinos, pero no debería convertirse en una prueba de obediencia hacia ningún presidente.