Sea Lion: el proyecto que pretende extraer petróleo de Malvinas
El proyecto Sea Lion busca explotar un importante yacimiento petrolero localizado en aguas cercanas a las Islas Malvinas, dentro de un área cuya soberanía reclama la Argentina.
El desarrollo se encuentra aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago y está controlado por Navitas Petroleum, una compañía israelí que posee el 65% de participación, mientras que el 35% restante pertenece a la británica Rockhopper Exploration.
Ambas empresas aprobaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para desarrollar la primera etapa, que demandará alrededor de 1.800 millones de dólares. El esquema financiero contempla aproximadamente 1.000 millones de dólares de deuda y prevé iniciar la producción durante el primer semestre de 2028.
Las compañías calculan una extracción inicial de 55.000 barriles diarios mediante pozos submarinos conectados con una unidad flotante encargada de producir, almacenar y descargar el petróleo. Navitas estima que el yacimiento cuenta con reservas por 216 millones de barriles y recursos totales cercanos a los 603 millones.
Empresas medianas ante un riesgo de seguridad internacional
Navitas ingresó al proyecto en 2022, cuando adquirió el 65% de las licencias que estaban en manos de Harbour Energy y asumió el control operativo. Rockhopper participa desde las primeras exploraciones y concentra buena parte de sus activos en las islas.
La ausencia de las grandes petroleras internacionales responde principalmente al conflicto de soberanía y a las consecuencias legales que podría generar una participación en actividades no autorizadas por la Argentina. Compañías como Shell, TotalEnergies, Equinor, SLB y Halliburton poseen inversiones o contratos dentro del país que podrían quedar comprometidos si intervinieran en Sea Lion.
Harbour Energy, precisamente, decidió retirarse del desarrollo y luego fortaleció su presencia en territorio argentino. En 2024 compró los activos de Wintershall Dea y pasó a integrar proyectos offshore frente a las costas de Tierra del Fuego junto con TotalEnergies y Pan American Energy.
La Ley 26.659 establece sanciones contra las empresas que participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas dentro de la Plataforma Continental Argentina. Las penalidades incluyen inhabilitaciones para operar en el país durante períodos de entre cinco y 20 años y también pueden alcanzar a proveedores de servicios, financiamiento o asistencia técnica.
En 2022, la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades de Navitas relacionadas con Malvinas y la inhabilitó por 20 años para operar en la Argentina. El Gobierno de Javier Milei anunció ahora un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios y anticipó que enviará al Congreso una reforma destinada a endurecer y ampliar los castigos previstos en la legislación vigente.