Polémica en Moldes: Los lotes de La Esperanza, nuevamente autorizados para su venta
La publicación en el Boletín Oficial de Salta de la Ordenanza Nº 06/2026 reactivó una controversia que lleva años generando debates políticos en Coronel Moldes.
Se trata de los terrenos conocidos como La Esperanza, un conjunto de tierras municipales cuya venta mediante subasta electrónica o venta directa se autorizó recientemente en el Concejo Deliberante. La situación despertó nuevamente cuestionamientos sobre la transparencia del proceso, los mecanismos de control y el destino de los recursos que podrían obtenerse.
La iniciativa se aprobó on los votos afirmativos de los concejales Nicolás Saldaño y Ramón Álvarez, mientras que el edil Dante Liendro optó por abstenerse al considerar que la normativa presenta aspectos que requieren mayores garantías y controles.
Entre los principales cuestionamientos planteados por Liendro figura la ausencia de mecanismos que aseguren prioridad para los vecinos de Coronel Moldes en la adquisición de los terrenos. Además, sostuvo que la ordenanza otorga amplias facultades al Departamento Ejecutivo Municipal para avanzar con la comercialización de los lotes sin que exista una planificación detallada sobre las obras o proyectos que se financiarán posteriormente.
Los antecedentes de La Esperanza
Sin embargo, la controversia en torno a La Esperanza no comenzó con esta ordenanza. Durante la gestión de la exintendenta Rita Carreras, los mismos terrenos se incorporaron a un proyecto de fideicomiso destinado a avanzar con su comercialización. Aquella propuesta quedó paralizada tras una serie de cuestionamientos públicos y denuncias que pusieron bajo la lupa el manejo de las tierras municipales.
Los antecedentes volvieron a ser mencionados durante el debate legislativo. En particular, se recordó una denuncia presentada en 2023 por el entonces exconcejal Eduardo Ballesteros vinculada al inmueble identificado como Matrícula N.º 2325 del departamento La Viña.
En esa presentación se cuestionaba la falta de tratamiento legislativo y la ausencia de respuestas a pedidos de informes relacionados con un denominado Distracto de Transferencia de Dominio Fiduciario sobre esas tierras.
Según se señalaba en aquella denuncia, existían sospechas de posibles irregularidades administrativas vinculadas al manejo y administración de un patrimonio que pertenece al municipio. Para los sectores críticos, estos antecedentes justifican la necesidad de establecer mayores controles antes de avanzar nuevamente con la venta de los terrenos.
Desde el oficialismo sostienen que la operación permitirá obtener recursos para financiar obras de infraestructura y mejorar servicios para la comunidad. Sin embargo, desde la oposición advierten que la iniciativa vuelve a abrir interrogantes sobre el destino de los fondos y la protección del patrimonio público.