Rechazan auditoría ambiental de la clínica Virgen de Urkupiña
La Subsecretaría de Gestión Ambiental frenó la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal del establecimiento asistencial vinculado a ATSA. El informe presentado no cumplió con las exigencias legales sobre la matrícula y la inscripción de los profesionales intervinientes. La institución tendrá 15 días hábiles para subsanar las irregularidades.
La Municipalidad de Salta rechazó formalmente el Informe de Auditoría Ambiental y Social presentado por la Fundación Virgen de Urkupiña para el establecimiento asistencial ubicado en Ameghino 1064, en barrio 20 de Febrero. La medida fue dispuesta por el subsecretario de Gestión Ambiental, Jorge Agustín Farfán, mediante la Resolución 0606. La decisión impide, por el momento, avanzar con la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental Municipal, documentación necesaria para la habilitación de actividades con impacto sanitario y ambiental.
La resolución no implica el cierre inmediato de la clínica, pero abre un procedimiento administrativo que obliga a la entidad a corregir la documentación presentada dentro del plazo establecido. En caso de incumplimiento, el municipio podrá avanzar con la aplicación de sanciones.
Las irregularidades detectadas
De acuerdo con los considerandos de la resolución, la auditoría presentada por la clínica no se ajustó a los parámetros establecidos por la Ordenanza 12.745, que regula el procedimiento municipal de Evaluación de Impacto Ambiental y Social. El municipio intimó a la Fundación Virgen de Urkupiña a presentar un nuevo informe rubricado por profesionales que acrediten de manera fehaciente su inscripción vigente en el Registro de Consultores Evaluadores de la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia y una matrícula habilitante expedida por el colegio o consejo profesional correspondiente.
La documentación también deberá demostrar la conformación de un equipo interdisciplinario, integrado por un coordinador y especialistas con incumbencias profesionales suficientes para abordar todas las áreas analizadas.
En caso de que el estudio sea elaborado por una firma consultora, tendrá que estar suscripto por el responsable técnico, el director técnico y el apoderado legal. Todos deberán asumir responsabilidad sobre la veracidad de los datos incorporados y las consecuencias derivadas del informe.
La autoridad ambiental advirtió que las dependencias públicas no darán curso a auditorías que carezcan de firmas autorizadas o hayan sido elaboradas por profesionales que se excedan de las competencias correspondientes a sus títulos de grado.
Residuos patógenos y controles periódicos
Por las características de la actividad sanatorial, que comprende la generación y manipulación de residuos patogénicos y peligrosos, el tratamiento de efluentes y el cumplimiento de protocolos de seguridad operativa, las normas municipales imponen controles y renovaciones periódicas. Estas evaluaciones buscan determinar que la infraestructura y las prácticas desarrolladas en el establecimiento no representen un riesgo para la salud pública ni provoquen consecuencias negativas sobre el entorno barrial. El artículo tercero de la Resolución 0606 estableció un plazo perentorio de 15 días hábiles para que la fundación regularice la documentación y presente una nueva auditoría. Si el término vence sin una respuesta satisfactoria, la Municipalidad podrá aplicar las sanciones previstas en la normativa.
La institución también fue notificada de que dispone de cinco días para interponer recursos administrativos de aclaratoria o revocatoria contra la decisión.
El rechazo administrativo alcanza a una institución vinculada a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), gremio conducido en Salta desde la década de 1980 por el exdiputado Eduardo Abel Ramos, referente histórico del sindicalismo provincial. La dirección médica de la clínica se encuentra a cargo del médico y diputado nacional Bernardo Biella.