Alertan por posibles sobreprecios en el cerco fronterizo de Aguas Blancas
La adjudicación de la construcción de un alambrado metálico de 200 metros en Aguas Blancas, ubicada en el límite fronterizo entre Salta y Bolivia, generó críticas y sospechas de posibles sobreprecios tras la difusión de información en redes sociales y medios locales.
Este proyecto, que forma parte del Plan de Seguridad Güemes, busca combatir el contrabando y reforzar el control migratorio en la zona, pero ha despertado cuestionamientos debido a su elevado costo y su limitada extensión.
Comparativa de costos: ¿sobreprecio?
El presupuesto asignado para la construcción del alambrado es de $36.121.505, financiado por fondos nacionales. La obra, que será ejecutada por la empresa salteña “Sánchez Osadcia Pablo Esteban” –única oferente en la licitación–, consiste en un alambrado olímpico estándar con alambres de púa tipo gillette. Esto implica que el costo por metro lineal del alambrado alcanza los $180.607.
En comparación, vecinos del norte de Salta consultaron presupuestos con una reconocida empresa para un muro de características superiores: 1 kilómetro lineal con alambre tejido rombo de 2 ½ pulgadas (calibre 14), tres hiladas de alambre de púas, zócalo visto de 20 x 12 cm y una altura de 2,40 metros, con postes cada 4 metros, todo con materiales y mano de obra incluidos, a un costo de $32.000 por metro lineal. Esto significa que, con el presupuesto destinado a los 200 metros de Aguas Blancas, se podrían construir más de 1.100 metros de este muro robusto y de mayor calidad.
Críticas al alcance de la obra
Diversos actores locales han expresado su escepticismo sobre la eficacia y necesidad de la construcción. Franco Galeano, presidente del Centro de Empresarios de Tartagal, calificó la medida como “una tomada de pelo”. “No creo que 200 metros de alambrado solucionen la problemática de la frontera. Es extremadamente absurdo porque existen otros puntos de ingreso que no son vigilados adecuadamente”, sostuvo. En tanto, Ariel Zablouk, titular de la Cámara de Comercio de Orán, enfatizó que “la construcción de la cerca no terminará con el contrabando” e instó a pensar en soluciones que no afecten a los trabajadores que dependen del comercio fronterizo.
Defensas y cuestionamientos
El comisionado interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigaran, defendió la obra, señalando que su objetivo principal es “desalentar los cruces ilegales y garantizar que todas las personas registren su entrada o salida del país por los canales oficiales”. La obra, que representa apenas el 0,027% de la extensión total de la frontera entre Argentina y Bolivia (742 kilómetros), debería finalizarse en un plazo de 60 días corridos.
Sin embargo, el debate sobre el costo de la obra se intensificó tras la difusión de comparativas con precios de mercado, lo que sugiere que el proceso de licitación pudo haber favorecido un sobrecosto. La falta de competencia en el proceso –con solo una empresa participante– refuerza las sospechas de irregularidades.
Un plan en debate
El proyecto del alambrado en Aguas Blancas se suma a un contexto de medidas de seguridad más amplias, incluyendo la decisión del Gobierno Nacional de convertir el Ministerio de Seguridad en el Ministerio de Seguridad Nacional para ampliar sus funciones en zonas fronterizas. Sin embargo, las dudas sobre la eficacia y transparencia de la obra en Aguas Blancas reflejan las tensiones en torno a las políticas de seguridad y el uso de fondos públicos.
Mientras las críticas y las sospechas crecen, la sociedad salteña exige mayor claridad en la asignación y ejecución de recursos destinados a la seguridad fronteriza.