Milei desvinculó a funcionaria de ANDIS tras polémicos dichos sobre personas con discapacidad
La decisión fue tomada luego de que se viralizaran sus declaraciones ofensivas. La Agencia Nacional de Discapacidad busca reforzar su compromiso con la inclusión y el respeto.
El Gobierno nacional decidió apartar de su cargo a una funcionaria de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de que se difundieran sus desafortunadas declaraciones sobre personas con discapacidad.
En un audio que se viralizó rápidamente, la exfuncionaria utilizó términos despectivos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para referirse a este sector de la población, lo que generó una ola de repudio en redes sociales y entre organizaciones vinculadas a la inclusión.
Ante la controversia, el Ejecutivo tomó la determinación de desvincularla de su cargo de manera inmediata.
Desde la ANDIS señalaron que no comparten ni toleran expresiones de esa índole y reafirmaron su compromiso con el respeto y la dignidad de las personas con discapacidad.
Reacciones y repercusiones
Las declaraciones de la exfuncionaria, repudiadas por referentes de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones que trabajan en la inclusión.
Desde la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) hasta la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), se pronunciaron enérgicamente contra lo sucedido y exigieron medidas inmediatas.
Por su parte, algunos legisladores y funcionarios de la oposición también expresaron su preocupación, instando al Gobierno a garantizar que este tipo de situaciones no se repitan y a reforzar las políticas de inclusión.
Compromiso renovado con la inclusión
Desde la Agencia Nacional de Discapacidad remarcaron que seguirán trabajando para fortalecer los derechos de las personas con discapacidad y promover una sociedad más inclusiva.
Además, destacaron la importancia de la capacitación y sensibilización de los funcionarios públicos para evitar situaciones similares en el futuro. El caso ha abierto un debate sobre la responsabilidad de quienes ocupan cargos públicos y la necesidad de reforzar el respeto por los derechos humanos en todos los ámbitos de la gestión estatal.
Fuente: Ámbito Financiero