Un posible tercer mandato de Sáenz abre una controversia jurídica
Los abogados Sebastián Aguirre Astigueta y Humberto Vázquez analizaron los alcances del fallo “Mariño”, que podría permitir una nueva candidatura del gobernador en 2027.
Cuestionaron sus efectos institucionales y advirtieron que una eventual postulación podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La posibilidad de que el gobernador Gustavo Sáenz compita por un tercer mandato consecutivo en 2027 volvió a instalarse en el debate jurídico y político de Salta.
Los abogados Sebastián Aguirre Astigueta y Humberto Vázquez analizaron los alcances del fallo “Mariño”, una resolución de la Corte de Justicia provincial que podría favorecer una nueva candidatura del mandatario, aunque cuestionaron sus consecuencias institucionales.
La controversia gira en torno a cómo deben computarse los mandatos anteriores a la reforma constitucional de 2021.
Sáenz asumió en 2019 y fue reelecto en 2023, mientras que la modificación constitucional redujo de tres a dos los períodos consecutivos permitidos para gobernador y vicegobernador. Sin embargo, no se incorporó una cláusula transitoria que estableciera expresamente si el mandato iniciado en 2019 debía computarse dentro del nuevo límite.
Aguirre Astigueta explicó que, al resolver el caso del exjuez Gonzalo Mariño, la Corte provincial estableció un criterio según el cual los mandatos electivos en curso al momento de la reforma no se consideran dentro del nuevo régimen. Bajo esa interpretación, el período 2023-2027 sería el primero de Sáenz con la Constitución reformada, lo que abriría la posibilidad de otra candidatura.
Cuestionamientos a la interpretación judicial
Aguirre Astigueta advirtió sobre las diferencias en la aplicación de la reforma.
Mientras para los jueces inferiores se dispuso la aplicación inmediata del nuevo límite de edad, para los cargos electivos se adoptó un criterio que excluye los períodos anteriores.
“No puede ser A y B a la misma vez”, cuestionó, al reclamar coherencia en la interpretación constitucional.
Por su parte, Humberto Vázquez explicó que uno de los argumentos jurídicos que podría utilizarse para defender una nueva postulación es el principio de irretroactividad de las normas, contemplado en el artículo 7 del Código Civil y Comercial.
Según ese razonamiento, la reforma constitucional tendría efectos hacia el futuro y no modificaría situaciones anteriores.
Aguirre Astigueta recordó además que Sáenz había defendido la reforma bajo el argumento de que “ocho años son suficientes”.
Una eventual impugnación ante la Corte Suprema
Aguirre Astigueta mencionó los antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre reelecciones provinciales en San Juan, Tucumán y Formosa, además del caso de Gerardo Zamora en Santiago del Estero. Consideró que esos pronunciamientos podrían respaldar una eventual impugnación de la candidatura de Sáenz. Sobre los plazos, sostuvo que el planteo debería realizarse cuando la postulación se formalice, para evitar que sea rechazado por abstracto.
También mencionó la posibilidad de solicitar una medida cautelar mientras se resuelve la controversia.
Vázquez, en tanto, señaló que el expediente vinculado al exjuez Mariño podría continuar su trámite en la Justicia nacional, aunque aclaró que no conocía con precisión su estado procesal.
En ese sentido, advirtió sobre la importancia de conocer la situación judicial antes de avanzar con nuevas presentaciones.
Los abogados coincidieron en que la discusión excede al gobernador, ya que la interpretación del fallo podría repercutir en los límites de reelección de otros funcionarios provinciales.
Aunque la resolución del caso “Mariño” contiene fundamentos que podrían favorecer una nueva candidatura de Sáenz, no constituye una habilitación electoral expresa. Si el mandatario decide competir en 2027 y su postulación es cuestionada, la controversia podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.