Por denuncias de trabajadores del transporte, investigan al Tribunal de Faltas en S. Mazza
Una serie de denuncias formuladas por trabajadores del transporte de Salvador Mazza derivó en una investigación institucional que pone bajo la lupa el funcionamiento del Tribunal de Faltas municipal y la actuación de su titular, Gloria Justiniano.
El Concejo Deliberante resolvió por unanimidad conformar una Comisión Investigadora que deberá reunir documentación, escuchar a las partes y determinar si existen elementos que sustenten las acusaciones por presuntas irregularidades administrativas, tratamiento desigual de infracciones y supuestos pagos indebidos. La decisión se produjo luego de una tensa audiencia pública realizada el sábado 7 de noviembre, durante la cual representantes de los taxistas expusieron sus cuestionamientos a la funcionaria y describieron situaciones que, según sostienen, perjudican directamente a quienes trabajan con las habilitaciones correspondientes, mientras que vehículos provenientes de otras localidades recibirían un tratamiento más favorable por parte de las autoridades encargadas del control. El conflicto se profundizó durante los últimos meses, a partir de denuncias públicas del sector sobre la presunta liberación de vehículos que prestaban servicios sin autorización y la aplicación de criterios diferentes al momento de resolver infracciones. Frente a esta situación, los trabajadores solicitaron formalmente la intervención del Concejo Deliberante, que aprobó la Comisión por unanimidad.
Denuncias por coimas y trato desigual
Uno de los momentos de mayor tensión se produjo durante el intercambio entre Justiniano y Orellana, vocero del sector de taxistas, quien cuestionó el accionar de la funcionaria y aseguró que los trabajadores habían recibido insultos tanto de la jueza como de la directora municipal de Tránsito. Entre los episodios denunciados, los representantes del transporte mencionaron el procedimiento realizado contra un vehículo proveniente de Aguaray que, según afirmaron, prestaba servicio de manera irregular en Salvador Mazza. El automóvil habría sido retenido por la Dirección Municipal de Tránsito, pero posteriormente liberado mediante una autorización que los taxistas atribuyeron a la propia titular del Tribunal de Faltas.
Orellana sostuvo que cuenta con un acta que llevaría la firma de Justiniano y que permitiría acreditar esa intervención, circunstancia que, de corroborarse, podría resultar relevante para esclarecer los criterios utilizados en la aplicación de sanciones y la liberación de vehículos. La funcionaria, por su parte, negó haber actuado de manera perjudicial para los transportistas locales y acusó a algunos de los referentes del sector de haber ingresado violentamente a su oficina. Los trabajadores rechazaron esa versión y ratificaron sus cuestionamientos.
Sin embargo, la acusación de mayor gravedad estuvo relacionada con presuntos cobros indebidos. Los taxistas señalaron que habrían tomado conocimiento de pagos de coimas realizados mediante una cuenta de billetera virtual que, según denunciaron, estaría bajo el manejo de la secretaria de la jueza.
Las denuncias sobre posibles pagos irregulares deberán ser verificadas por la comisión, ya que hasta el momento no se informó públicamente sobre pruebas concluyentes que acrediten la existencia de un circuito de recaudación ilegal.
La Comisión dio un plazo de 10 días para el aporte de documental requerida para Justiniano.