Probation para una médica pediatra y un enfermero, acusados de homicidio por mala praxis en el Materno Infantil
Los dos profesionales fueron acusados por la muerte de una niña de dos años, ocurrida en marzo de 2020. El juez les concedió la suspensión del juicio a prueba por tres años, con restricciones para ejercer en hospitales públicos, capacitación obligatoria y trabajos comunitarios.
Una médica pediatra y un enfermero acusados de homicidio culposo por mala praxis, en una causa por la muerte de una niña de dos años en el Hospital Público Materno Infantil, accedieron al beneficio de la suspensión del juicio a prueba por el término de tres años. Como parte del acuerdo, deberán pagar un total de 47 millones de pesos a la madre de la menor, en concepto de reparación del daño.
El hecho ocurrió en marzo de 2020, cuando la pequeña ingresó al establecimiento sanitario con un cuadro de vómitos y diarrea. Según la acusación fiscal, la médica prescribió un tratamiento con potasio mediante indicaciones erróneas y confusas.
El enfermero, por su parte, administró la medicación sin advertir las inconsistencias de la prescripción, pedir aclaraciones ni consultar con los médicos de planta.
La suspensión del juicio a prueba fue concedida por el juez Francisco Mascarello, vocal del Colegio de Jueces del distrito Centro, quien consideró que estaban reunidos los requisitos legales para otorgar el beneficio.
Una reparación de $47 millones y restricciones profesionales
En el marco de la resolución, se tuvo por aceptada la reparación económica ofrecida a la damnificada.
La médica deberá abonar 45 millones de pesos, mientras que el enfermero tendrá a su cargo el pago de otros dos millones.
Además, ambos deberán cumplir durante tres años una serie de reglas de conducta, cuyo incumplimiento podría provocar la revocación del beneficio y la realización del juicio.
Entre las condiciones impuestas se encuentran fijar residencia y someterse al control de la Oficina Judicial; abstenerse de realizar prácticas médicas en hospitales públicos y centros de salud dependientes del Ministerio de Salud provincial durante el plazo de la probation; y realizar estudios y prácticas destinados a su capacitación profesional.
También deberán efectuar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo, y realizar donaciones durante seis meses a la fundación a cargo del Hogar Divino Niño, de la localidad de San Lorenzo.
Por el Ministerio Público Fiscal intervino el fiscal penal de la UGAP 1, Santiago López Soto. Las defensas estuvieron a cargo de Carlos Catan Rivero, Humberto Catan Rivero y Guillermo Alberto. La madre de la niña, en calidad de damnificada, fue patrocinada por el abogado Leonardo Bustos.