Ley electoral: rechazan planteos de Zapata, Ríos, Del Plá y Patrón Costas
El máximo tribunal provincial desestimó las acciones de inconstitucionalidad impulsadas por los cuatro dirigentes y ratificó la validez de la Ley 8535.
El fallo avaló el sistema electoral aprobado por la Legislatura, incluida la exigencia de presentar candidaturas en al menos 15 departamentos para competir por la Gobernación.
Los planteos judiciales impulsados por Carlos Raúl Zapata, Lourdes Ríos Ayllón, Claudio Ariel Del Plá y Alejandro Patrón Costas contra la reforma electoral de Salta fueron rechazados por la Corte de Justicia provincial, que confirmó la constitucionalidad de la Ley 8535 de Participación Democrática y respaldó las nuevas reglas para la competencia electoral.
La resolución, conocida este miércoles, puso fin a tres acciones de inconstitucionalidad promovidas por los dirigentes contra distintos aspectos de la normativa sancionada por la Legislatura.
El Tribunal consideró que el régimen electoral fue establecido dentro de las facultades constitucionales del Poder Legislativo y que sus disposiciones no vulneran las constituciones provincial y nacional.
Las presentaciones fueron tramitadas en expedientes separados.
La decisión judicial representa un respaldo al esquema electoral aprobado para la provincia y despeja, en el ámbito de estos procesos, los cuestionamientos constitucionales formulados contra la normativa.
El requisito de los 15 departamentos
Uno de los aspectos centrales del fallo fue la validación del artículo 2 de la Ley 8535, que establece que las fuerzas políticas deben presentar candidaturas en al menos 15 departamentos para poder postular candidatos a gobernador y vicegobernador.
La Corte consideró razonable esta exigencia al entender que responde a la necesidad de garantizar una organización y participación territorial acorde con las responsabilidades de quienes aspiran a conducir el Ejecutivo provincial.
En ese sentido, los magistrados señalaron que el gobernador representa a la totalidad del territorio salteño y no solamente a determinados departamentos.
También aclararon que esta condición no modifica los requisitos personales para acceder a esos cargos, que continúan siendo los establecidos por la Constitución Provincial.
Aval al sistema electoral y a los frentes políticos
Otro de los puntos analizados fue el mecanismo de asignación de cargos contemplado en la reforma electoral.
La Corte concluyó que respeta el principio constitucional de elección directa, al considerar que la designación de los candidatos surge de la voluntad expresada por los electores, sin la intervención de órganos intermediarios.
El Tribunal también respaldó la exigencia de que los frentes electorales estén integrados por un mínimo de dos partidos políticos.
Según sus fundamentos, esta disposición resulta razonable porque busca asegurar una mayor representatividad de las fuerzas que participan en las elecciones.
Asimismo, descartó que la normativa vulnere el principio de igualdad. Los jueces argumentaron que la ley establece idéntico tratamiento para quienes se encuentran en iguales condiciones y que las diferencias previstas entre partidos políticos y alianzas electorales responden a la distinta naturaleza de ambas figuras.
La Legislatura tiene facultades para fijar reglas electorales
La Corte recordó que la Constitución Nacional reconoce la autonomía de las provincias para organizar sus propios sistemas electorales, conforme a los artículos 5, 121, 122 y 123.
En el ámbito provincial, citó el artículo 56 de la Constitución salteña, que establece que el régimen electoral debe ser determinado por ley, y el artículo 127, inciso 16, que atribuye a la Legislatura las facultades para reglamentarlo.
Los magistrados sostuvieron que la elección de un determinado sistema electoral responde a criterios de mérito, oportunidad y conveniencia, por lo que constituye una decisión de los poderes políticos del Estado.