Piden juicio al ex intendente de Iruya, Alfredo Soto por peculado
La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 5 la elevación a juicio al ex intendente de Iruya, Alfredo Daniel Soto, por el delito de peculado (dos hechos).
Este pedido surgió luego de investigar una denuncia de la apoderada de la Municipalidad de Iruya, que llevó adelante la fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, quien decidió acusar por dos hechos de peculado al ex jefe comunal.
Las actuaciones de la Unidad de Delitos Económicos Complejos iniciaron luego de que el 18 de febrero de 2020, la apoderada de la Municipalidad de Iruya radicara una denuncia en la Oficina de Orientación y Denuncias del Ministerio Público Fiscal.
En su requerimiento, la fiscal Salinas Odorisio sostuvo que "el acusado, en su calidad de intendente de Iruya, emitió el 06/12/19 tres cheques a favor de la Municipalidad de Iruya por un monto total de $ 970.000 que él mismo cobró el 09/12/19, de los que no obra constancia de su destino y que, conforme a lo denunciado por la actual gestión Municipal, no existe una rendición de cuentas efectuada ante la Municipalidad de Iruya".
En cuanto al segundo hecho, la titular de la UDEC manifestó al Juzgado de Garantías que "el acusado recibió del Ministerio de Desarrollo Social fondos provenientes de los programas sociales AIPAS, Asistencia Crítica y Pan Casero por un importe total de $14.594.982,93; de los cuales sólo rindió $8.716.909,50, quedando un saldo pendiente de rendir de $5.878.073,43".
Auditoría en la comuna
La funcionaria aseguró que, según la auditoría de la comuna -cuya jefatura está hoy a cargo del intendente Eugenio Herrera– existía un faltante de $7.773.758,89 y que, luego de finalizado el mandato del ex intendente (2015/2019), ingresó un informe de cheques rechazados (emitidos un día antes de la finalización de la gestión) por un valor de $ 5.397.032,62.
De las investigaciones realizadas por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), surgió que existiría un faltante de dinero de $6.848.073,43, cuya administración y custodia le habían sido confiadas a Soto. Por ello, la fiscal Salinas Odorisio requirió la elevación a juicio por dos hechos de peculado.
En febrero pasado el ex intendente fue imputado por estos hechos. En esa oportunidad Soto junto a un abogado defensor se negó a declarar y quedó en hacer entrega de un escrito con la excusa que con ello se aclararía su situación. Pero esto aparentemente no ocurrió y se trasladó ahora el pedido de juicio.