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Bajo la lluvia, Salta marchó por la universidad y contra el ajuste

La lluvia no impidió que cientos de salteños salieran a las calles para defender la universidad pública, en una jornada que reunió el reclamo por financiamiento educativo con las demandas de jubilados, trabajadores de la ciencia y familias del sector de discapacidad.

Desde el Monumento 20 de Febrero hasta la Plaza 9 de Julio, la quinta Marcha Federal Universitaria tuvo en Salta una expresión de esa confluencia: sectores con necesidades diferentes que encontraron en la movilización un espacio compartido para cuestionar las políticas del gobierno de Javier Milei y exigir respuestas. Las columnas llegaron hasta la explanada del Cabildo, donde se desarrolló el acto de cierre y tomaron la palabra representantes de los distintos espacios. El cumplimiento del financiamiento universitario, la mejora de las jubilaciones y la aplicación de la Emergencia en Discapacidad atravesaron una convocatoria que desbordó la agenda estrictamente académica y puso en discusión las responsabilidades del Estado frente a derechos esenciales. En diálogo con Nuevo Diario, Emilce Grané, presidenta del Centro de Estudiantes de Humanidades, valoró la participación y destacó que la persistencia del reclamo se sostiene en la unidad de la comunidad universitaria, aún en medio de diferencias políticas. “La convocatoria fue bastante buena a pesar de la lluvia, y nosotros, como comunidad universitaria, le decimos al gobierno de Javier Milei que cumpla con la ley, que es fundamental para sostener el bienestar universitario, tanto para nosotros, los estudiantes, como para los docentes, los no docentes”.

Una comunidad que reclama poder seguir estudiando y trabajando

El planteo de Grané vinculó el financiamiento con las condiciones necesarias para sostener la vida universitaria. En su intervención, estudiantes, docentes y no docentes aparecen como parte de una misma comunidad cuyo funcionamiento depende de recursos y decisiones que permitan dar continuidad a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo cotidiano. La dirigente también destacó la presencia de las autoridades universitarias y de las facultades, a quienes señaló una responsabilidad particular por haber sido elegidas para representar a esa comunidad. “Entendemos que es fundamental la presencia de toda la comunidad y sobre todo de quienes somos electos por la comunidad para representar”, sostuvo, al remarcar tanto la participación institucional como la convocatoria alcanzada pese al mal tiempo. Su balance puso el acento en la capacidad de sostener una demanda común por encima de las pertenencias partidarias. En una protesta que ya tuvo cinco convocatorias federales, esa continuidad expresa la decisión de mantener el reclamo mientras no haya una respuesta efectiva. “Más allá de lo político partidario, la lucha es una sola y estamos todos en la misma lucha que vamos a seguir manteniendo hasta que el gobierno cumpla con las leyes que el pueblo pide”.

La discusión por los fondos también es institucional

Grané dirigió además un fuerte cuestionamiento al Presidente y a su relación con los otros poderes del Estado. “Es un presidente que no respeta a la democracia que lo llevó a él mismo al poder ni a las instituciones que conforman la República Argentina, creyéndose estar por encima del Poder Judicial y el Poder Legislativo”, expresó. La crítica se inscribe en un conflicto que combina la movilización social con una disputa judicial por el financiamiento. El juez Martín Cormick había dispuesto una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la medida que ordenaba aplicar la ley; sin embargo, el jueves la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente esa sanción mientras se analiza la apelación. Por lo tanto, la referencia de la dirigente a descuentos sobre el salario del funcionario no debe confundirse con una retención efectivamente confirmada

Para la representante estudiantil, la presión de la calle debe contribuir a modificar la posición del Ejecutivo. Su planteo condensó el sentido político que atribuye a la protesta: “Hay banderas que para el pueblo argentino no se tocan: la educación, la soberanía y la democracia”.

La participación de jubilados, prestadores y familias del sector de discapacidad amplió el alcance de la marcha salteña. En el acto frente al Cabildo, las intervenciones describieron las dificultades de cada sector y coincidieron en interpretar los recortes como parte de una misma orientación del Gobierno nacional.

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