Proyecto del senador Cornejo propone más controles en hogares de niños
El senador Enrique Cornejo impulsa un proyecto de ley para establecer estándares mínimos y obligatorios de cuidado, habitabilidad y seguridad en los hogares que alojan a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en Salta.
La propuesta abarca tanto a los establecimientos públicos como a los privados que funcionan mediante convenios con el Estado, e incorpora exigencias sobre cantidad de cuidadores, acompañamiento profesional, infraestructura y protección de los vínculos familiares. La iniciativa lleva también las firmas de los senadores Manuel Pailler y Daniel Moreno Ovalle y, según el material legislativo, fue girada a la Comisión de Legislación General, del Trabajo y Régimen Previsional bajo el expediente Nº 90-34.712/2026. Su objetivo es fijar condiciones verificables para las instituciones que reciben a chicos separados de su entorno familiar por una medida excepcional de protección de derechos. El texto establece que el alojamiento residencial debe ser el último recurso, cuando no resulte posible el cuidado en entornos de base familiar, y extenderse durante el menor tiempo posible. Desde esa perspectiva, plantea que la intervención estatal debe orientarse a la restitución de derechos y a resolver la situación de cada residente, con alternativas que contemplan la revinculación familiar, la guarda, la adopción o el egreso autónomo asistido.
Más cuidadores y acompañamiento profesional
Uno de los puntos centrales es la dotación de personal. El proyecto exige la presencia permanente de operadores convivenciales durante las 24 horas, con una proporción mínima de un cuidador cada dos residentes de hasta cinco años y uno cada cuatro entre los seis y los 17 años. Durante el descanso nocturno, permite reducir esa cantidad a un mínimo de dos operadores activos por hogar, con personal calificado de guardia, salvo disposición fundada de la autoridad de aplicación.
Para los hogares privados sin fines de lucro, la propuesta dispone que el Estado provincial garantice los recursos necesarios para contratar y sostener a esos profesionales. También admite equipos compartidos entre instituciones cuando la cantidad de residentes o la modalidad de atención lo justifiquen, siempre que se asegure una atención regular, suficiente y efectiva.
Controles semestrales y condiciones de seguridad
La autoridad de aplicación, que sería determinada por el Poder Ejecutivo, deberá realizar auditorías vinculantes al menos cada seis meses sobre las condiciones sanitarias, nutricionales, edilicias y psicopedagógicas. Frente a incumplimientos, se prevén sanciones graduales que incluyen advertencias, suspensión o cancelación de la inscripción en el registro de organizaciones y rescisión de convenios, conforme al procedimiento mencionado en el proyecto. En materia edilicia, la iniciativa exige certificaciones anuales de las instalaciones de gas y electricidad, detectores de humo y monóxido de carbono, matafuegos vigentes, luces de emergencia, señalización de salidas y planes de evacuación validados por Defensa Civil o Bomberos. También contempla un sistema de videovigilancia permanente, con resguardo de la intimidad de quienes viven en los establecimientos.
La preservación de los lazos afectivos ocupa un lugar específico en la propuesta. El Estado deberá asegurar el alojamiento conjunto de grupos de hermanos, salvo restricciones judiciales fundadas en su interés superior, mientras que los hogares tendrán que garantizar las visitas y comunicaciones familiares cuando no exista una prohibición judicial. El proyecto también fija un plazo de 72 horas desde la adopción de la medida excepcional para diseñar una estrategia individual de restitución de derechos, que deberá comunicarse al juzgado, a la Asesoría de Incapaces y al hogar para su ejecución coordinada.
El cumplimiento de estas exigencias se financiaría con recursos del Tesoro provincial. Para los establecimientos privados bajo convenio, el proyecto establece un aporte mensual regular, actualizable y suficiente, mientras que el Ejecutivo deberá realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias y prever fondos en los ejercicios siguientes.