El 92% de los barrios populares de Salta se quedaron sin obras tras el párate nacional
En Salta existen 354 barrios populares donde viven alrededor de 41.000 familias, pero sólo 28 llegaron a contar con proyectos financiados por el Fondo de Integración Socio-Urbana (FISU).
La reciente declaración de la Cámara de Diputados de Salta solicitando al Gobierno nacional la restitución del Fondo de Integración Socio-Urbana (FISU) volvió a poner en agenda la situación de cientos de barrios populares que quedaron con obras paralizadas o proyectos truncos tras la eliminación del fideicomiso que financiaba intervenciones de urbanización en todo el país.
En diálogo con el programa Hora de Voces de FM Ya 91.3, Román Oviedo, presidente del Centro Vecinal de barrio 20 de Junio e integrante de la Mesa de Barrios Populares, sostuvo que la decisión legislativa representa “una noticia positiva para las comunidades” después de más de dos años de reclamos por la interrupción de la política pública.
“Desde que asumió el nuevo Gobierno nacional venimos insistiendo por la falta del fideicomiso y porque la Secretaría de Integración Socio-Urbana dejó de intervenir en obras, no solamente en Capital sino en toda la provincia“, afirmó.
Miles de familias afectadas
Oviedo detalló que en la ciudad de Salta existen 53 barrios populares registrados, mientras que en toda la provincia la cifra asciende a 354 barrios, donde residen cerca de 41.000 familias. Según explicó, durante la vigencia del programa sólo 28 barrios de la provincia lograron acceder a proyectos de urbanización, muchos de los cuales quedaron inconclusos tras el corte del financiamiento nacional.
Uno de los casos que mencionó como emblemático es el de barrio La Cerámica, donde las obras avanzaron sólo parcialmente. “La mitad del barrio quedó con acceso a agua, cloacas, pavimento y cordón cuneta, mientras que la otra mitad no. Para quienes viven allí es una obra inconclusa“, señaló.
El dirigente explicó que los proyectos contemplaban intervenciones de infraestructura básica como conexiones domiciliarias de agua, electricidad y cloacas, construcción de veredas, cordón cuneta y espacios públicos.
Algunas iniciativas lograron completarse por etapas, como obras vinculadas al acceso al agua en Juan Manuel de Rosas, mejoras en conexiones eléctricas en 23 de Agosto o la construcción de una plaza en barrio 20 de Junio. Sin embargo, otros proyectos quedaron paralizados.
Entre ellos mencionó la falta de provisión de agua en ampliación 20 de Junio y obras proyectadas para Tinkunaku que nunca llegaron a ejecutarse pese a contar con la documentación presentada.
El reclamo por la restitución del fondo
Oviedo recordó que el fideicomiso se financiaba con recursos provenientes del Impuesto PAIS, el impuesto a las grandes fortunas y el impuesto al cheque, y consideró que su eliminación dejó sin herramientas a miles de familias de barrios populares en todo el país.
Además, lamentó la desaparición de otros programas complementarios como Mi Pieza, destinado a mejorar las condiciones habitacionales dentro de los hogares.
“Estamos hablando de barrios que tienen entre 25 y 45 años de existencia. No son nuevas ocupaciones. Son familias que viven desde hace décadas esperando acceder a servicios básicos y a la regularización de la tierra“, expresó.
Finalmente, el referente barrial sostuvo que la restitución del FISU es necesaria para saldar una deuda histórica con sectores postergados. “En Capital son alrededor de 9.000 familias y en toda la provincia unas 41.000 que viven en barrios populares. Es una cuestión de justicia habitacional y de igualdad de oportunidades para salteños que todavía en 2026 siguen sin acceso pleno a agua, luz, cloacas y tenencia de la tierra“, concluyó.
Mientras el pedido de los legisladores provinciales espera una respuesta de la Nación, las organizaciones barriales insisten en que la reactivación de estas políticas resulta clave para completar obras pendientes y avanzar en la urbanización de sectores que aún permanecen al margen de los servicios básicos.