Nuevo régimen penal juvenil: Salta tiene 84 menores bajo seguimiento y 18 alojados en institutos
El secretario de Justicia, Javier Mónico, confirmó los datos de los menores en conflicto con la ley. Desde el 5 de septiembre comenzará a regir el nuevo régimen penal juvenil, que baja de 16 a 14 años la edad de responsabilidad penal y prioriza las medidas socioeducativas.
A partir del sábado 5 de septiembre, comenzará a aplicarse en Salta y en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley Nacional 27.801. La normativa modifica el esquema vigente y establece un sistema especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años.
En este contexto, el secretario de Justicia de Salta, Javier Mónico, explicó en diálogo con Hora de Voces (FM Ya 91.3) cómo se prepara la provincia para la implementación y reveló cuántos adolescentes se encuentran actualmente bajo distintas modalidades de intervención estatal.
El dato más significativo es que 84 menores están actualmente incluidos en el Instituto Especializado de Abordaje Territorial, un sistema abierto que trabaja con jóvenes en conflicto con la ley mediante medidas socioeducativas y sin régimen de encierro.
A esa cifra se suman otros 18 adolescentes alojados en establecimientos especializados de distintos puntos de la provincia.
“El sistema penal juvenil no está en crisis”
Frente a la posibilidad de que la baja de la edad de responsabilidad penal genere una mayor demanda sobre el sistema, Mónico sostuvo que la situación actual de Salta permite afrontar la entrada en vigencia de la nueva normativa.
“Hoy el sistema penal juvenil no está en crisis”, afirmó el funcionario.
Mónico detalló que la provincia cuenta con establecimientos especializados en Capital, Orán, Tartagal, Metán y Cerrillos, además del sistema abierto de abordaje territorial.
En cuanto a la cantidad de adolescentes alojados, precisó que hay 2 en Castañares, 8 en Orán, 5 en Metán y 3 en Cerrillos.
Sin embargo, aclaró que el número más importante se encuentra dentro del sistema abierto: “Estamos trabajando con un número alto de menores en este Instituto Especializado de Abordaje Territorial. Actualmente tenemos 84 menores”.
Qué cambia desde el 5 de septiembre
La principal modificación será la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al régimen de responsabilidad penal juvenil. Hasta ahora, el sistema nacional tenía como referencia los 16 años.
Mónico explicó que los hechos cometidos a partir del sábado serán analizados bajo la nueva legislación.
“Los hechos que sucedan ya el día sábado y en los cuales intervengan los menores van a ser analizados conforme a esta nueva normativa”, señaló.
El funcionario remarcó que la nueva legislación no plantea el encierro como primera respuesta. Por el contrario, establece medidas orientadas a la educación, la responsabilización y la reinserción social. La Ley 27.801 contempla un sistema diferenciado del régimen penal de adultos y prioriza alternativas a la privación de la libertad.
“El principio de la ley no es la pena de encierro, sino que busca priorizar otro tipo de medidas socioeducativas y medidas alternativas a la pena de cumplimiento efectivo”, sostuvo Mónico.
Y agregó: “Trabajar, sobre todo, con la reinserción social del menor. Ese es un poco el espíritu que busca impregnar esta ley”.
La figura del supervisor, una de las claves del nuevo sistema
Uno de los nuevos mecanismos será la figura del supervisor, un profesional que tendrá a su cargo el seguimiento de los adolescentes sometidos a medidas alternativas.
Mónico explicó que podrá tratarse de profesionales de distintas disciplinas, entre ellos psicólogos y trabajadores sociales.
“El supervisor va a ser un profesional, que puede ser un psicólogo, un trabajador social, y en esas ramas, que va a hacer un seguimiento del menor en conflicto con la ley que esté sometido a estas medidas alternativas”, detalló.
Entre sus funciones estarán la realización de entrevistas, la elaboración de informes y el seguimiento de la evolución de cada adolescente.
“Tiene que realizar entrevistas, informes semanales, trimestrales y hacer un seguimiento del mismo”, explicó el secretario.
Tres alternativas para cubrir a los supervisores
Para poner en funcionamiento esta figura, Salta analiza utilizar recursos que ya forman parte del sistema provincial, articular con municipios del interior y crear un registro de profesionales.
Mónico indicó que una de las alternativas consiste en aprovechar el personal del Instituto Especializado de Abordaje Territorial.
“El recurso humano que lo tenemos ahí entendemos que lo podemos utilizar para cubrir esta figura de supervisor, sobre todo en lo que tiene que ver con el distrito judicial del centro”, afirmó.
Para el interior provincial, en tanto, se analiza trabajar de manera articulada con las municipalidades.
La tercera alternativa será crear un registro de supervisores. “Aquellas personas que cumplan con las exigencias profesionales puedan inscribirse en este registro y, a medida que van siendo requeridas por la Justicia, se va haciendo uso de los mismos”, explicó.
Salta propone un plan piloto de 12 meses
Ante la incertidumbre sobre cómo responderá el sistema una vez que la nueva ley comience a aplicarse, la Secretaría de Justicia propuso desarrollar una experiencia piloto durante los primeros 12 meses.
“Proponemos también un plan piloto, una experiencia piloto en la implementación de esta ley en la provincia para los primeros 12 meses”, confirmó Mónico.
La idea será utilizar ese período para evaluar el funcionamiento del sistema y obtener información que permita definir futuras políticas públicas.
“A partir de esto, generar y realizar una evaluación de distintos tipos de indicadores y, a partir de allí, plantear ya políticas públicas”, explicó.
Entre las medidas que podrían surgir de esa evaluación mencionó el fortalecimiento de determinados establecimientos del interior y la incorporación de perfiles profesionales específicos.
Expectativa e incertidumbre ante el nuevo régimen
La implementación de la Ley 27.801 implicará una adaptación de las estructuras provinciales y requerirá coordinación entre distintos organismos. En Salta ya se realizaron reuniones entre la Secretaría de Justicia, la Corte de Justicia, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad para definir la respuesta institucional.
Mónico reconoció que todavía existen interrogantes sobre el impacto concreto que tendrá la reforma.
“En la provincia y en todo el país tenemos muchísimas expectativas, en el sentido de incertidumbres respecto a cómo vamos a responder con el sistema que tengamos instalado en cada una de las provincias ante el inicio de la aplicación de esta nueva ley nacional”, expresó.
La provincia buscará así comenzar la implementación con los recursos actualmente disponibles y utilizar los primeros meses de funcionamiento para determinar si será necesario ampliar infraestructura, equipos profesionales o dispositivos de seguimiento.