Procuración de Nación falló que se debe dar información de los sueldos de los jueces de Corte
La Procuración General de la Nación respaldó el pedido de acceso a la información pública impulsado por Gonzalo Guzmán Coraita. Avaló que los jueces deben informar la totalidad de sus ingresos y calificó de arbitrario el fallo de la Corte salteña que rechazó el amparo.
La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte de Justicia de Salta debe brindar información completa sobre los haberes de sus integrantes, en el marco de un proceso judicial iniciado en 2020 por el abogado Gonzalo Guzmán Coraita, referente de la organización Salta Transparente.
El dictamen fue firmado por la procuradora fiscal ante la Corte Suprema, Laura Monti, quien consideró que la sentencia del máximo tribunal salteño —que rechazó el amparo de Guzmán— es arbitraria y omitió valorar información clave, como los adicionales que perciben los magistrados por cargos específicos y otras asignaciones no publicadas.
La causa se originó tras una solicitud formal de Guzmán Coraita para acceder al detalle mensual de los sueldos —remunerativos y no remunerativos— de los jueces del tribunal provincial entre 2018 y 2020.
Luego de una negativa y de una publicación parcial de escalas salariales básicas, se promovió un amparo con el patrocinio del constitucionalista Roque Rueda.
El fallo de la Corte salteña fue dividido. La mayoría consideró suficiente la información publicada en la web del Poder Judicial, pero la Procuradora Fiscal señaló que esa respuesta no cumple con los estándares de la Ley Nacional 27.275, que exige divulgar “todos los componentes y subcomponentes del salario total”.
Entre los datos omitidos por la Corte salteña, Monti menciona adicionales por integrar el Tribunal Electoral, por la dirección de la Escuela de la Magistratura y otros pagos ligados a funciones específicas.
Sostiene que la publicación del salario básico y algunos porcentajes “es incompleta e insatisfactoria”.
La Procuradora recomendó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacer lugar al recurso federal, anular la sentencia apelada y ordenar un nuevo pronunciamiento.
Consultado por Nuevo Diario, Gonzalo Guzmán Coraita afirmó: “Un fallo favorable de la Corte Suprema en este ámbito será muy importante. El Poder Judicial de Salta es uno de los poderes más opacos y que menor confianza genera en la gente. La Corte de Salta hoy se encuentra a contramano de las políticas de transparencia que ha implementado con éxito la Corte de la Nación en la justicia federal”
“Un fallo que condene a la Corte de Salta a brindar información seguramente será todo un mensaje, no solo para la justicia de Salta, sino también para los poderes judiciales de otras provincias. La Corte debe entender que una justicia es confiable solo si es transparente”.
La causa también expone una tensión de fondo en torno al acceso a la información pública como herramienta de control ciudadano sobre los poderes del Estado.
Mientras a nivel nacional se han dado pasos firmes en esa dirección, como la publicación detallada de los haberes en el ámbito de la Corte Suprema de la Nación, en algunas provincias —como Salta— aún persisten resistencias institucionales a transparentar datos básicos del funcionamiento judicial.
El fallo que dicte la Corte Suprema podría sentar un precedente nacional y marcar un límite a esas prácticas de opacidad, reafirmando que el derecho a saber no es un privilegio, sino una garantía democrática.