Hipólito Yrigoyen: nuevas denuncias contra la intendenta por presuntas irregularidades en fondos
Seis de los siete concejales impulsaron presentaciones ante la Fiscalía Penal N.º 3 de Orán. Cuestionan la ejecución de obras durante 2025 y el sorteo de una motocicleta aportada por un particular que gestionaba tierras fiscales. Además, una abogada denunció que el municipio no habría cumplido con una orden judicial de entregar información pública.
La intendenta de Hipólito Yrigoyen, María Soledad Cabrera, enfrenta nuevas denuncias penales por presuntas irregularidades en la administración de los recursos municipales. Las presentaciones fueron impulsadas por seis de los siete integrantes del Concejo Deliberante y tramitan ante la Fiscalía Penal N.º 3 de Orán.
Uno de los planteos apunta a posibles inconsistencias entre los fondos declarados por el Ejecutivo municipal y las obras públicas correspondientes al ejercicio 2025. Los concejales solicitaron que se revisen las partidas presupuestarias, los registros contables y los trabajos que figuraban como ejecutados, pero que, según los denunciantes, no habrían sido concluidos.
La segunda denuncia está vinculada con el sorteo de una motocicleta cero kilómetro durante una actividad municipal. De acuerdo con el planteo de los ediles, el rodado fue aportado por un particular que, al mismo tiempo, gestionaba ante la Municipalidad la adjudicación de un terreno fiscal. Por ese motivo, solicitaron investigar si existió algún tipo de beneficio indebido o intercambio de favores.
Un amparo por el acceso a la información pública
El conflicto también llegó al fuero civil. La abogada y vecina Estela Mabel Castillo promovió un amparo colectivo para exigir información sobre el destino de los fondos públicos, los contratos y el estado de ejecución de distintas obras municipales.
El 14 de octubre, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda Nominación de Orán hizo lugar a la presentación y ordenó al Ejecutivo municipal entregar documentación detallada sobre el uso de los recursos, las obras y las empresas contratadas. La resolución estableció un plazo de tres días posteriores a la notificación y dispuso que la información también fuera difundida por una emisora radial local.
Sin embargo, Castillo cuestionó la documentación que habría presentado el municipio. Según sostuvo, los informes contenían espacios vacíos y carecían de facturas, contratos y certificaciones suficientes para verificar los movimientos financieros y el avance de los trabajos.
A partir de esas observaciones, la letrada promovió nuevas actuaciones penales por presunto fraude a la administración pública, falsedad ideológica y malversación de caudales públicos. Los cuestionamientos también alcanzan al secretario de Gobierno, Juan José López, y a responsables de las áreas de Hacienda y Obras Públicas. Las eventuales responsabilidades deberán ser determinadas por la Justicia.
Reclamos por el estado de los servicios y las obras
Las denuncias judiciales se desarrollan en paralelo con reclamos vecinales por el deterioro de la infraestructura y los servicios municipales.
Entre los problemas señalados aparecen el mal estado de las principales calles y avenidas, la falta de mantenimiento y la acumulación de residuos en sectores como el barrio 62 Hectáreas. También se cuestiona la falta de avances en obras de pavimentación e infraestructura básica.
El escenario profundiza el conflicto entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, que reclama explicaciones sobre la administración de los recursos públicos y la ejecución presupuestaria.
Por el momento, las presentaciones constituyen denuncias y planteos de las partes involucradas. Será la investigación judicial la que deberá establecer si existieron irregularidades administrativas o delitos y determinar las responsabilidades correspondientes.