La Justicia resolvió decomisar la finca El Pajeal, utilizada por el clan Castedo
El Tribunal Oral Federal N°1, presidido por Federico Santiago Díaz e integrado por Marta Liliana Snopek y Mario Juárez Almaraz, resolvió el decomiso a favor del Estado Nacional del 95% de la finca El Pajeal, ubicada en Salvador Mazza, en la frontera norte con Bolivia.
Lo que ocurra con el porcentaje restante, en tanto, quedó a la espera de lo que se resuelva en un litigio iniciado por un puestero.
A través de un extenso fallo, los jueces hicieron lugar a un pedido formalizando la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA, representada por el fiscal general Carlos Martín Amad y el auxiliar fiscal Jorge Viltes Monier, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, a cargo de María del Carmen Chena.
El requerimiento se hizo en el juicio seguido a Delfín Castedo, quien fue condenado el 7 de diciembre de 2.022 a 16 años de prisión por ser considerado jefe de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y al lavado de activos provenientes de aquella actividad.
Aquél debate se extendió por más de un año, pues se había iniciado el 3 de noviembre de 2.021. También fueron condenados el hermano del líder de la organización, Raúl Castedo, y el martillero público Eduardo Torino, a nueve años de prisión como miembros de una asociación ilícita. Por el mismo delito, recibieron 7 años de prisión los comerciantes Alberto y Luis Yudi, mientras que la expareja del líder, Melba del Carmen Araujo, recibió 5 años de prisión. En tanto, Mario Alberto Yudi -hijo de Alberto- recibió tres años de prisión por lavado de activos.
Al dictar la sentencia, el tribunal decidió diferir el pedido de decomiso realizado por la fiscalía respecto a la finca El Pajeal, aunque sí hizo lugar al decomiso -a favor del Estado Nacional- de la finca “El Aybal”, de 19.954 hectáreas, que limita con la frontera del Estado Plurinacional de Bolivia.
La espera, según los fundamentos de la sentencia, tuvo como motivo el análisis y resolución de una serie de planteos realizados respecto a la titularidad de la finca El Pajeal, principalmente de hijos del exdiputado provincial Ernesto Aparicio, quien había heredado la propiedad de sus padres Tobías Aparicio y Teresa Sarmiento, junto a otros tres hermanos, a quienes luego les compró su parte de la propiedad.
El exlegislador fue el socio principal de Delfín Castedo en varias actividades del narcotráfico, relación que duró hasta el 10 de noviembre de 2.013, cuando murió Aparicio y el jefe de la organización tomó el dominio de la finca, cuya ubicación es estratégica para la provisión de cocaína, pues la parte posterior de la propiedad, con una extensión de 7 kilómetros, colinda con Bolivia.
En su plan estratégico, el clan Castedo (como lo mencionan los jueces en su fallo) adquirió luego la finca vecina El Aybal, con una extensión de más de 19 mil hectáreas. Ambas propiedades -como dato comparativo- suman una superficie de más de 236 kilómetros cuadrados, mientras que -por ejemplo- la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 203.
La investigación que permitió desarticular el manejo monopólico del narcotráfico por parte de los Castedo fue iniciada tras la captura de Delfín, el 22 de julio de 2016. Las actuaciones fueron iniciadas por los fiscales Diego Iglesias, titular de la PROCUNAR, y Eduardo Villalba, a cargo de la unidad del NOA de esa oficina especializada.
Luego, con la incorporación al caso de la DGRADB, las diligencias se dirigieron en busca de extraer del dominio de los acusados las dos fincas, para lo cual se realizaron inicialmente planteos de medidas cautelares.
Sobre el pedido de la fiscalía respecto a la finca El Pajeal, el tribunal marcó que el requerimiento se hizo “en los términos del artículo 23 del Código Penal”, ya que el inmueble “fue utilizado como instrumento para cometer los delitos por los cuales fueron condenados los hermanos Castedo y otros integrantes de ese clan.
En los considerandos, los jueces hicieron un profundo análisis de la figura legal, su definición, las consecuencias jurídicas como pena accesoria y sobre cómo el concepto del decomiso “fue cambiando a lo largo del tiempo y fueron ampliándose sus horizontes, en consonancia con el crecimiento de la delincuencia organizada y el nivel de escalada de las organizaciones criminales cuyos hechos delictivos y efectos rebasaron al mismo tiempo los límites territoriales de los países”.
Destacaron las incontables ganancias del narcotráfico y el lavado de activos, entre otros delitos.
Base del accionar ilícito
En cuanto al valor que tenía la finca decomisada, para el tribunal “quedó plenamente probado que El Pajeal constituyó el instrumento por antonomasia del accionar delictivo de la asociación ilícita liderada por Delfín Castedo.
El accionar delictivo del clan tenía como base a la propiedad del ex diputado Aparicio y que pretendía “también extender sus dominios sobre la finca El Aybal”, pero que en un inicio “la explotación del campo El Pajeal por parte de Castedo y su banda se erigió como una estratégica fachada de actividades ilícitas”.
El tribunal marco que existen pruebas que, desde mayo del 2.000, los hermanos ya estaban en la propiedad.
Operaba desde la cárcel
Para los jueces, “el clan Castedo, pese a la detención de su líder (en julio de 2.016), siguió operando bajo las estrictas instrucciones de Delfín Castedo”, lo que surge de las evidencias presentadas por la fiscalía en el juicio, entre ellas conversaciones telefónicas captadas en el marco de la investigación.
“Castedo pudo seguir operando desde la cárcel Merced a su propio financiamiento económico, pero sobre todo gracias a su posición en El Pajeal, que nunca abandonó. Es decir, quedó puesto en evidencia en forma contundente que Delfín Castedo continuó ejerciendo su absoluto señorío sobre esas tierras pese a los pedidos de captura en su contra desde fines del año 2006 -tras el homicidio de Liliana Ledesma en septiembre de 2006- y durante su detención”, sostuvieron.